Administraciones con posibilidad de reducir número de empleados.

Desde el comienzo de la crisis, el número de parados se ha disparado hasta los 5,27 millones de personas. Sin embargo, había un colectivo que se encontraba siempre a salvo de los despidos: los funcionarios. Esta situación cambió para los empleados públicos con la reforma laboral presentada por el Gobierno de Mariano Rajoy: en su Disposición Adicional Segunda incluye, por primera vez en España, la posibilidad de que se despida a personal laboral del sector público por causas económicas.

 

 

"Nadie podía pensar hace dos años que se podría despedir a funcionarios", lamenta Miguel Borra, presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F). Ahora, en cambio, las 700.000 personas que integran el colectivo de personal laboral ven amenazado su puesto de trabajo. Y no es sólo el enunciado de la reforma laboral,  sino que los gestos que reciben desde el Gobierno y la Administración en general no ayudan a tranquilizar la situación.

 

 Comunidades y ayuntamientos están obligados a recortar gastos de forma dramática y la reducción de plantillas se vislumbra como la única medida verdaderamente efectiva. Algo hasta ahora impensable. Un claro ejemplo de este cambio de paradigma lo dió hace poco el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cuando aumentó las inquietudes de los funcionarios, al asegurar en una conferencia que los empleados públicos "también deben ganarse el puesto" de trabajo.

 

Desde los sindicatos ven esto "inadmisible", ya que el personal laboral, en muchos casos, ha superado las  mismas pruebas que los funcionarios de carrera.  "Queremos que el personal laboral que haya conseguido su plaza a través de un concurso público no pueda verse afectado por un ERE", defiende Borra. "Ese personal laboral tiene que estar al margen de los ERE", exige el líder sindical, petición que también ha trasladado al Gobierno. 

 

De momento, los funcionarios aún no se han movilizado, debido a que quieren apurar las negociaciones con el Gobierno mientras la reforma aún se encuentre en trámite parlamentario. De hecho, los sindicatos de funcionarios no secundaron la huelga general convocada para el pasado jueves 29 de marzo. 

En negociaciones 

 

Para ello, desde los sindicatos se han puesto en contacto con distintos partidos del Congreso para hacerles llegar los temores de los funcionarios. En concreto, en sus encuentros con los representantes políticos les solicitan que presionen para evitar que se puedan hacer ERE a los funcionarios.

 

 La preocupación del personal laboral se extiende también a los funcionarios de carrera. Una vez abierta la posibilidad de que la Administración despida a trabajadores públicos, no saben dónde puede estar el límite en el futuro. "Una vez abierta la caja de Pandora, a ver quién la cierra", sentencian en CSI-F.

Demasiados funcionarios

 

Desde el Ejecutivo la perspectiva es diferente, sobre todo en lo referente a comunidades autónomas y ayuntamientos. A principios del mes de marzo, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, advirtió que el empleo público debería recortarse para alcanzar los objetivos de déficit del 5,3%. Beteta justificó su advertencia señalando que la contratación de la Administración Pública se había disparado entre 2001 y 2011, hasta crecer en unas 440.000 personas. 

 

Sin embargo, el secretario de Estado culpó principalmente a las comunidades autónomas y a los entes locales, ya que desde la Administración General del Estado sí que han hecho parte de los deberes, al reducir este tipo de contratos un 22% (163.880 personas). Por el contrario, las comunidades aumentaron el número de empleados públicos un 44% (409.569 personas), y los ayuntamientos un 39% (181.031 trabajadores). 

 

Por ello, Beteta advirtió que "esta circunstancia ni puede ni debe seguir así", y recordó que el Estado reduciendo empresas y empleados públicos, e instó a las autonomías a que hagan lo propio, un consejo que podría significar algo más en las 14 regiones en las que gobierna el PP. El Ejecutivo también critica al Gobierno de Zapatero, al asegurar que en 2010 y 2011 incumplió los recortes de personal comprometidos, así como la reducción de empresas públicas.

El plan de fusión de Ayuntamientos iniciado en Galicia, abre el debate del mapa de Municipios

No somos unos gallegos que han descubierto el mundo". Pablo González, alcalde de Oza dos Ríos, se muestra sorprendido de que su pueblo, un pequeño municipio del interior de La Coruña, salga en los periódicos. Hace tres semanas, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció en pleno debate de política autonómica que, "para ahorrar", el concello pretende fusionarse con el de al lado, Cesuras -ambos gobernados por el Partido Popular, al igual que el Ejecutivo regional y la diputación de la provincia-. Oza dos Ríos, con 3.229 vecinos y que vive de la agricultura y la madera, era noticia nacional. "Me ha asombrado una barbaridad", admite el regidor, que, más que el ahorro, que nadie concreta, enumera otro motivo para justificar los planes de unión: "La gente se va".

 

Sin servicios, sin institutos, sin pediatras, al ser muy pequeño para permitírselos, el pueblo pierde atractivo. "La población envejece. Algunos dicen que tendríamos que seguir igual y esperar a que deje de llover. Nosotros respondemos: ¿hasta cuándo?", se pregunta el alcalde en una conversación telefónica antes de citar más ventajas: juntos, estos dos municipios que carecen de deudas sumarían más de 5.000 habitantes, tendrían derecho a más subvenciones, podrían solicitar la construcción de un instituto, evitarían duplicidades...

 

-¿Usted es político profesional? - le cuestionan entonces-.

 

-No, por supuesto que no. Soy economista.

 

-¿Tiene sueldo como alcalde? ¿Cuánto gana usted por ello?

 

Respuesta inmediata: "¿Y usted?". González recula de inmediato. "Transparencia, transparencia ante todo", repite. "No me puedo quejar: 1.800 euros netos al mes, dada la exclusividad".

 

"Yo no tengo sueldo", puntualiza, cuando su colega le pasa el móvil, Julián Lucas, alcalde de Cesuras (2.225 vecinos). "El anuncio ha enfadado a la oposición", añade. "Pensé en avisarles antes de que lo anunciara el presidente (Feijóo), pero se filtró la noticia. Ya he pedido perdón".

 

Prevista para este año, la primera fusión en Galicia en 44 años depende de una mayoría de dos tercios en ambos municipios, según establece la Ley de Administración Local de Galicia de 1997. El sí de Oza está asegurado; el de Cesuras, no. Su alcalde tendrá que convencer a uno de los cuatro ediles de la oposición, repartida entre el Bloque Nacionalista Galego y el Partido Socialista, que antes de pronunciarse piden estudios "rigurosos".

 

Diego Calvo, presidente de la Diputación de La Coruña y uno de los defensores del proyecto, tampoco cifra el ahorro de la unión. "Lo importante no es un titular de un día. Se trata de utilizar el sentido común y de que a medio plazo seamos capaces de ofrecer servicios de calidad", sentencia. Mientras le llevan en coche por una carretera de La Coruña, Calvo recuerda que Italia eliminó, "por obligación" de la Unión Europea, 100 provincias en 2011 y Grecia redujo en 2010 sus 1.033 municipios a 355. "Así que nosotros podemos hacerlo ahora de forma voluntaria, como pretenden Oza y Cesuras, o más tarde por obligación. Que cada uno decida", zanja Calvo.

 

El mínimo de la UE

 

La Unión Europea fija en 5.000 habitantes el mínimo para que un municipio pueda prestar servicios de calidad a un coste razonable. Galicia tiene 315 ayuntamientos, 199 de ellos por debajo de ese umbral; España suma 8.117, el 84% de ellos con menos de 5.000 vecinos. Desde el Ministerio de Hacienda descartan que a corto plazo se eliminen municipios. "La vía del ahorro pasa por la reorganización para evitar duplicidades", indica un portavoz oficial. El Gobierno prepara un plan que impida que los consistorios asuman competencias de otras Administraciones. El PSOE coincide. "El futuro no está en las fusiones, sino en un nuevo modelo de organización", opina el secretario general de los socialistas en Galicia, Pachi Vázquez.

 

UPyD es el único partido que ha cifrado el alcance de un plan de uniones municipales -la ley lo permite siempre que sean voluntarias-. "Con la fusión de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes ahorraríamos 17.950 millones de euros anuales (casi dos tercios del ajuste aprobado el viernes)", asegura Ramón Marcos, portavoz de la formación. "Pasaríamos de 68.585 concejales a 21.825 y de 8.117 municipios a 1.144, recortaríamos el personal de confianza y los costes... En España seguimos el modelo de las Cortes de Cádiz: una corporación local por cada conjunto de casas. Mantenemos un sistema campesino parroquial que estipula un consistorio por cada parroquia. Antes tendría su sentido; ahora, no". Y se despide: "Lo importante es que hay margen de ahorro. Que nadie lo dude".

Opiniones encontradas

 

Gobierno

 

"No vamos a ser una máquina de eliminación de ayuntamientos", explica un portavoz del Ministerio de Hacienda, que apoya la fusión "voluntaria", pese a que los planes del Gobierno "no van por esa línea". El Ejecutivo prepara un plan para evitar duplicidades y para que los municipios no asuman competencias que, en teoría, son de las comunidades autónomas.

 

Psoe

 

"El futuro no está en las fusiones, sino en un nuevo modelo de reorganización municipal", sostiene Pachi Vázquez, secretario general de los socialistas en Galicia, que apoya "las uniones voluntarias", no la de Cesuras y Oza, ya que antes del anuncio "la desconocían vecinos y la oposición".

 

Xunta de galicia

 

"Abrimos desde Galicia la reorganización del nuevo mapa municipal. No será fácil, pero eso no nos puede servir de excusa, ya que es útil y necesario", defendió el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, el día que anunció los planes de fusión.

 

oza

 

"Llevamos bastante tiempo con un proyecto en común. Compartimos servicios, hay muchos matrimonios entre vecinos de los dos municipios, no hay rivalidad... La fusión es un paso lógico para fortalecer los servicios", sostiene el alcalde de Oza dos Ríos, Pablo González.

 

cesuras

 

"Perdemos población. Tenemos que hacer algo. La mejora de los servicios ayudará. Entiendo que algunos vecinos tengan sus dudas. Debemos explicar más el proyecto. ¿Cómo nos llamaremos? No queremos perder identidad. Estamos abiertos a propuestas. ¿Juntar los dos nombres? Es una opción", explica el alcalde de Cesuras, Julián Lucas.

 

municipios

 

"Lo normal hasta ahora era separarse, no unirse", admite una portavoz de la Federación Española de Municipios y Provincias. Desde la federación gallega se apoya la fusión, aunque se recalca que las ciudades con más habitantes suman más deuda y se recuerda que los consistorios cerraron 2011 con un déficit "bajo" frente a otras Administraciones. El de España se elevó a un 8,5%, repartido entre Estado central (5,1%), comunidades (2,9%), ayuntamientos (0,4%) y Seguridad Social (0,1%).

Las cifras

 

8.117 municipios tiene España. Galicia suma 315.

 

84% de los ayuntamientos españoles tiene menos de 5.000 habitantes, mínimo que fija la Unión Europea para considerar a un municipio eficiente.

 

17.950 millones de euros anuales se ahorraría con la fusión de ayuntamientos de menos de 20.000 vecinos, según cálculos del partido UPyD.

The Spanish Test

A strike has been called in Spain on Thursday - the first since Prime Minister Mariano Rajoy came to power.

 

The unions are angry about reforms that will make it easier to hire and fire workers. Their banners will read "Unfair - say 'no' to the labour reform law".

 

The government says these reforms are key to making Spain more competitive and eventually bringing down the country's chronic unemployment. 

 

The unions see it not just as a trial of strength but as a battle over the future of the welfare state. 

 

Javier Doz, head of International Relations of Workers Commission Union, said: "Our plan is to start a long term fight. This strike is not going to be the end because we are risking so much: the future of the social model of this country and of Europe."

 

It is not yet clear what level of support the strike will get. No more than 30% says one paper. But the government is anxious after the left did better than expected in last weekend's elections in Andalusia. 

 

The second and much greater challenge is the budget on Friday. Spain is struggling to reduce its deficit. It has already re-negotiated the target for the deficit this year with Brussels. Even to bring it down to 5.3% of GDP, cuts of 35bn euros (£29bn: $47bn) will be needed.

 

The government in Madrid has been warning of a "very, very austere budget". Treasury Minister Cristobal Montoro said it will be "the most austere since Spain became a democracy".

Difficult decisions

 

But the government faces a dilemma: the country has just slipped back into recession, unemployment is running at 23% and increasing. 

 

Many economists are saying the cuts may push Spain into a downward spiral. But if Madrid was to back off reducing its budget, the markets would push up its borrowing costs to a point where the country needed a bailout. 

“

Start Quote

 

These cuts are a throw of the dice. If the economy weakens further, Spain will be heading for a bailout. ”

 

"Spain is on a very, very slippery slope now," said Nicholas Spiro at Spiro Sovereign Strategy. William Buiter of Citigroup says the risk of a Spanish debt restructuring is higher now than than it's been since the beginning of the crisis.

 

Some in the European Commission believe that Spain should begin drawing on the EU's rescue fund right now to help its banks, still heavily indebted by the property crash. 

 

Their argument is that Spanish banks will struggle to find the extra 52bn euros they have been asked to find and that will only put more pressure on the Spanish government. 

 

Much of the burden for reducing spending will fall on the regions. The expectation is that health and education budgets will have to be cut. 

 

These cuts are a throw of the dice. If the economy weakens further, Spain will be heading for a bailout. If that happens, attention will turn to Italy. 

 

That is why eurozone finance ministers meeting in Copenhagen at the end of this week will not just discuss Spain but the size of the EU's rescue fund, the so-called firewall. 

'Boiling point'

 

The German government has reluctantly agreed that the 250bn euros remaining in the existing fund - the European Financial Stability Facility (EFSF) - can run alongside the 500bn euros that will eventually make up the permanent fund the European Stability Mechanism (ESM). 

 

That will beef up the defences to 750bn euros. The IMF and others would like to see a trillion euros in the pot. That way both Italy and Spain could be rescued. But such a firewall is not yet in place. 

 

The Spanish people have been remarkably passive in the face of unemployment and recession. The pain is certainly eased by a huge black economy and powerful family networks. The next few days will show whether Spanish patience is wearing thin and whether the people will resist further cuts. 

 

The other day I spoke to the former Spanish Prime Minister Jose Maria Aznar. He said the big challenge was the future of the welfare state. He doubted whether it was sustainable in its present form. The present crisis meant it would have to change - that would be painful.

 

These will be challenging days for Spain and the euro-zone will be on edge. Quite simply, Spain could bring the eurozone crisis back to boiling point.

Cómo cobrar las facturas pendientes a Administraciones Públicas

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha prometido que saldará todas las deudas de los proveedores con las administración públicas. Pero detrás de este anuncio esperanzador hay mucha letra pequeña. Para lograr que los proveedores cobren, Montoro, en colaboración con el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha impulsado una macrooperación financiera con los grandes bancos para acabar con la morosidad de las administraciones públicas.

 

Sin embargo, lanzar una medida de este calibre genera grandes dificultades en las cuentas de las administraciones públicas y muchas dudas a los acreedores. La Federación de Municipios y Provincias (Femp) ya ha elaborado una guía con preguntas y respuestas prácticas para aclarar a los alcaldes todos los detalles del plan de proveedores a sus asociados. Las patronales empresariales también están alertando de los diversos problemas que se encontrarán las pymes que sufren el lastre de la morosidad.

 

- ¿Cómo se inicia el procedimiento para cobrar las facturas en el cajón de los municipios y de las regiones?

 Los alcaldes presentaron al Gobierno antes del 15 de marzo una lista con los proveedores a los que deben dinero. Las comunidades aún tienen tiempo para hacerlo hasta el próximo 15 de abril. A partir de que el Gobierno disponga de estos datos, los propios acreedores tendrán el derecho a reclamar a los ayuntamientos cuánto dinero les deben. Podrán consultar si sus facturas se han incluido en el plan de pago a los proveedores y, si estas no se han incorporado, podrán pedir una reclamación. Contarán con un plazo de un mes.

 

- ¿Cómo tiene que reclamar un proveedor si un ayuntamiento o una comunidad no le ha incluido en la lista de proveedores?

 Aunque el Gobierno les haya incluido en la lista, es importante saber que el proveedor tiene que manifestar su voluntad de cobrar, indicando cuál es el número de cuenta corriente en el que quiere que se pague la deuda. Los acreedores que no consten en lista oficial podrán solicitar a la entidad local deudora la emisión de un certificado individual, que le ayudará a cobrar las deudas en las entidades financieras más importantes del país.

 

Los consistorios tendrán que expedir el certificado individual en un plazo de 15 días. Si no, los proveedores se acogerán al silencio positivo. Es decir, si pasado este plazo los acreedores no tienen respuesta, se entenderá reconocido el derecho de cobro de manera automática.

 

- ¿Por qué los alcaldes sólo han reconocido 9.500 millones de facturas pendientes, cuando la propia Federación de Municipios y el Gobierno calculaban que había 17.000 millones pendientes?

 Los alcaldes se están acogiendo a la letra pequeña del plan para no reconocer todas las facturas. ¿La razón? Las administraciones que se acojan a la macrooperación tienen la obligación de presentar un plan de reequilibrio muy drástico que deje claro que pagar

Los ayuntamientos deben entregar esta semana el plan de ajuste para asumir el pago a proveedores

Fuente: 20 minutos

 

Los ayuntamientos españoles deberán entregar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a finales de esta semana los planes de ajuste con los que hacer frente a la devolución de los créditos que van a solicitar para pagar las facturas que tienen pendientes con sus proveedores.

 

 Las corporaciones locales tienen hasta el próximo sábado, 31 de marzo, para plantear al Gobierno cómo van a devolver los casi 10.000 millones de euros en facturas pendientes que han presentado, un préstamo sindicado a diez años y a un interés cercano al 5 por ciento, con un periodo de carencia de dos años, en el que participarán prácticamente todos los bancos españoles y también el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

 

 Para ello, el Consejo de Ministros ya aprobó la creación de un Fondo que canalizará el crédito bancario y que estará avalado por el Tesoro Público, el cual, a su vez, contará con la contragarantía de la Participación en los Ingresos del Estado de los ayuntamientos.

 

 Cerca de 5.000 ayuntamientos españoles ya han presentado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas casi dos millones de facturas pendientes con proveedores por valor de 9.584 millones de euros, como paso necesario para acogerse al mecanismo de crédito. 

 

Nadie se va a quedar fuera

 

 Esta cifra es muy inferior a la que había previsto el Gobierno para este plan, ya que había dispuesto unos 18.000 millones de euros para los ayuntamientos que quisieran acogerse al mecanismo de pago, dentro del global de 35.000 millones que compartirán con las comunidades autónomas. No obstante, los proveedores aún pueden reclamar algunas facturas que no hayan sido incluidas.

 

 Fuentes gubernamentales han confirmado a Europa Press que, dado que las corporaciones locales no han llegado al límite fijado por el Ejecutivo, las comunidades podrán disponer de más liquidez para hacer frente a los pagos de sus facturas, de las que deben informar a Hacienda a mediados de abril. Es más, las mismas fuentes han remarcado que "ninguna administración se va a quedar fuera" de este plan de pago.

 

 Según consta en el listado enviado por los ayuntamientos al departamento que dirige Cristóbal Montoro, aproximadamente las dos terceras partes de las facturas afectan a pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos. En concreto, casi 63.500 son de pymes y 50.259 de trabajadores autónomos. RECLAMACIONES

 

 Estos proveedores dispondrán del 1 al 5 de abril y del 1 al 5 de mayo para reclamar todas aquellas facturas que los ayuntamientos no han incluido en el listado que han remitido a Hacienda. Para ello, deberán entregar al consistorio certificados individuales que pueden obtenerse de la página web del Boletín Oficial del Estado (BOE).

 

 En el certificado, que ha de ir firmado por el interventor del municipio en cuestión, tiene que figurar el nombre de la empresa o autónomo y el importe de la factura, así como aclararse si el proveedor ha recurrido previamente a los tribunales para exigir el pago de la deuda.

El Ayuntamiento de Onteniente vende artículos de segunda mano para financiarse

El ayuntamiento de onteniente pone a la venta el material de la televisión local para financiarse

Fuente: 20 minutos.

 

http://www.20minutos.tv/video/deAGJKT2-onteniente-vende-objetos-para-financia...

SEMI AUTOMATIC PUBLIC TOILETS

New semi automatic public toilets to install inside buildings.

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