El 61% de los Ayuntamientos no rinde cuentas en plazos para su fiscalización

La auditoría y fiscalización de las cuentas de los ayuntamientos se ha convertido en una carrera de obstáculos para el Tribunal de Cuentas y los organismos supervisores de las comunidades autónomas.

 

De acuerdo con la Ley de Haciendas Locales, los consistorios, al igual que el resto de gestores de fondos públicos,tienen la obligación de rendir sus cuentas para que sean supervisadas.

El problema es que, como cada año, el plazo para presentar las del ejercicio anterior venció el 15 de octubre y un 61 por ciento de los municipios no cumplió con la ley.

Es cierto, que aunque tarde, ese porcentaje se ha reducido posteriormente, pero aun así la mitad de los ayuntamientos aún no ha presentado, a fecha actual, su balance de ingresos, gastos y patrimonio.

Teniendo en cuenta que en España existen actualmente 8.116 ayuntamientos, de acuerdo con los datos del Tribunal de Cuentas hay 5.000 municipios que no presentan sus estados financieros tal y como exige la normativa.

Y el problema no es ya que no presenten la denominada cuenta general del último ejercicio, sino que alrededor de un 20 por ciento tampoco ha rendido cuentas aún ni de 2010 ni de 2009. Y algunos incluso tienen pendientes hasta seis o siete años, con lo que sus presupuestos se quedan sin fiscalizar.

Secretario General de Pimec en relación a los impagos: "Eso es terrorismo empresarial"

Antoni Cañete compatibiliza la secretaría general de Pimec, la patronal de la pequeña y la mediana empresa en Cataluña, y la portavocía de la Plataforma de Multisectorial contra la Morosidad. Desde esa doble perspectiva exige al Ejecutivo que haga cumplir las reglas de juego en materia de pagos. "El que no cumpla tiene que recibir una sanción. Tenemos que ser un país del siglo XXI", subraya.

Cañete cree que apenas quedarán recursos del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para abonar facturas impagadas, ya que antes habrá que pagar vencimientos de deuda y déficit, y que el Ejecutivo debería hacer un esfuerzo para el pago de facturas anteriores a 2012 que no entraron dentro del plan de pago a proveedores, como universidades o hospitales.

El portavoz empresarial denuncia el hecho de que grandes compañías de la construcción o de la distribución estén tratando de pactar plazos diferentes a los marcados por la ley aprovechando su posición de dominio y la falta de liquidez. "Eso está prohibido en la nueva ley. No hay liquidez y de eso se quieren aprovechar. Eso es terrorismo empresarial", recalca.

Las administraciones acumulan otros 10.000 millones en facturas impagadas

El plan de pago a proveedores sirvió para poner el contador a cero en los impagos acumulados por ayuntamientos y comunidades autónomas con los proveedores a 31 de diciembre de 2011. En total, se saldaron deudas por valor de 27.000 millones de euros, de los que 17.718 correspondían a las regiones y 9.263 a los ayuntamientos.

Esa inyección de liquidez sirvió para salvar muchas compañías y muchos empleos, aunque no logró acabar con la cultura del impago en las administraciones públicas. Entre enero y septiembre, las facturas sin cobrar han crecido de forma exponencial, volviendo a poner en la mesa de Hacienda el problema de la morosidad. En ese período, el importe ya ha superado los 10.000 millones de euros y amenaza con seguir creciendo si el Ejecutivo no pone coto.

La mitad de esa cifra corresponde a las deudas arrastradas por los autónomos que suman 5.000 millones en el primer semestre, según avanzó el presidente de ATA, Lorenzo Amor, durante la presentación del último barómetro mensual que realiza esta asociación de autónomos. Cataluña, con 809 millones, y Andalucía, con 692 millones, encabezan la clasificación de las autonomías más morosas.

A esa cantidad hay que añadirle las deudas acumuladas por las patronales sanitarias (Fenin y Farmaindustria) en los nueve primeros meses del año, que se elevaron a 5.000 millones. Fenin, que agrupa a los fabricantes de tecnología sanitaria, acumulaba impagos por valor de 2.750 millones, mientras que Farmaindustria, representante de los laboratorios farmacéuticos, había registrado 2.300 millones en el mismo período.

En este escenario, las patronales han acelerado las negociaciones para tratar de solventar este problema, aprovechando además que comienza la tramitación de las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado en 2013. La primera vía es la de recuperar los 8.000 millones que no se consumieron del crédito sindicado con el que se financió el plan de pago a proveedores. En un principio, Hacienda no quiere desarrollar esta vía, entre otras razones, porque la principal prioridad es que se cumpla el objetivo de déficit para este año y el que viene. Un nuevo crédito, que se sumara a los que ya han asumido las autonomías con el Plan de Pago a Proveedores y los que van a asumir con el FLA, sería una losa, en su opinión, demasiado elevada. Elvira Sanz, nueva presidenta de Farmaindustria, apostó en su primera rueda de prensa por una solución "estructural" y no coyuntural. Esta, por lo tanto, solo puede pasar por hacer cumplir los plazos de pago establecidos en la ley de Morosidad para las Administraciones Públicas: 40 días en 2012 y 30 días en 2013. Unas cifras muy alejadas de la realidad: la mitad de los autónomos tarda más de 180 días en cobrar sus facturas de las Administraciones y Fenin registra una demora media de 242 días este año.

Y para no sobrepasar los plazos legales, las patronales quieren que el Ejecutivo ponga en marcha lo antes posible un régimen sancionador que establezca multas para aquellas Administraciones que paguen con retraso y que traten de pactar plazos superiores a los legales. La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, el lobby que agrupa a más de un millón de empresas y que fue la impulsora de la nueva ley aprobada en 2010, ya ha mantenido varias reuniones con Hacienda y le han vuelto a presentar la propuesta de régimen sancionador que elaboraron para incluirla en los Presupuestos del pasado ejercicio. En el documento se establecen tres tipos de sanciones (leves, graves y muy graves) y multas que oscilan entre los 6.000 y los 30.000 euros para las infracciones leves, entre 30.001 y 300.000 para las graves y entre 300.001 y 900.000 en el caso de las muy graves. El plazo de prescripción de los delitos variaría entre uno y cuatro años.

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Nueva gama de aseos Lorke

Nueva gama de aseos Lorke, nuevos materiales, más calidad y con la garantía de higiene de los aseos lorke.

 

Europa se sigue parando. Las manufacturas se reducen y Alemania cada vez exporta menos

El índice PMI del sector manufacturero de la zona euro final de Markit registra el nivel de 44,0 puntos en julio, su mínima en 37 meses, recesión que afecta a la práctica totalidad de socios del euro salvo Irlanda, y con el foco puesto en Grecia y España, que lastran la industria europea durante 12 meses seguidos.

 

"La reducción de los costes es el punto de enfoque, ya que la caída de los nuevos pedidos se traduce en más destrucciones de empleo y en reajustes de inventarios", señala la agencia Markit, que ha elaborado su informe a partir de datos recopilados entre el 12 y el 24 de julio.

 

La desaceleración del sector manufacturero de la zona euro cobró ímpetu al comienzo del tercer trimestre. Los ritmos de contracción de la producción, los nuevos pedidos y el empleo se aceleraron hasta los 44 puntos desde los 45,1 registrados en junio, y una décima por debajo de las estimaciones de los analistas (44,1).

 

El índice PMI se contrae por doce meses consecutivos. Se observó una debilidad generalizada en la zona euro, y casi todos los índices PMI nacionales registraron unos niveles inferiores a 50.0 puntos, barrera que separa la contracción del crecimiento. Sólo Irlanda rompió con la tendencia por sus mejores condiciones económicas y su PMI registró en máximos de 15 meses.

 

El declive de la producción de Alemania, Francia y España han sido los más acentuados desde mediados de 2009. "Italia registró el peor resultado en tres meses, mientras que Austria recayó en territorio de contracción y las condiciones de los negocios en los Países Bajos continuaron deteriorándose. Grecia se quedó clavada al final de la tabla de clasificación del PMI", señala Markit.

 

Todos los países del euro, salvo Grecia, abarataron los precios de compra y el coste de las compras de los fabricantes disminuyó en su mayor medida en casi tres años, reflejando la reducción del precio de los productos básicos y de las materias primas.

 

En cuanto a los precios de venta, los fabricantes redujeron sus precios por segundo mes consecutivo. La tasa de declive fue modesta, aunque a pesar de ello fue la más rápida desde febrero de 2010. Francia fue el único país que registró un leve aumento de las tarifas. "La continua debilidad de la demanda fue el principal factor responsable, ya que los fabricantes de la zona euro recibieron una menor cantidad de nuevos pedidos procedentes de clientes tanto nacionales como de exportación".

 

"Los nuevos pedidos se contrajeron por decimocuarto mes consecutivo en julio, y el ritmo de declive fue el tercero más rápido durante más de tres años. Grecia y España registraron las caídas más pronunciadas, mientras que los países principales de Alemania, Francia e Italia, registraron fuertes contracciones".

 

Las exportaciones alemanas se estancan

 Las exportaciones también cayeron al ritmo más rápido en ocho meses, y el comercio entre los países de la zona euro fue especialmente débil, salvo en Irlanda y los Países Bajos. "La máquina exportadora alemana se mantuvo estancada en marcha atrás, ya que de todos los países que cubre el estudio registró la mayor caída de los nuevos pedidos para exportaciones y el ritmo más fuerte de declive desde mayo de 2009".

 

La producción del sector manufacturero de la zona euro cayó al ritmo más fuerte desde mayo de 2009. Por países, los descensos más fuertes se registraron en Grecia, España y Alemania, respectivamente.

 

En cuanto al empleo, cae también por sexto mes consecutivo con una tasa de destrucción en máximos de dos años y medio. "Los recortes de empleo en Alemania, Francia, Italia y España fueron los más severos durante al menos dos años y medio. También en Grecia se llevaron a cabo drásticos recortes, mientras que en Austria y en los Países Bajos la reducción de empleo fue tan sólo modesta".

 

La disminución del volumen de compras fue la segunda más pronunciada desde mediados de 2009, ya que todos los países registraron marcadas reducciones excepto Irlanda (que señaló un incremento sólido). La menor demanda de materias primas redujo la presión sobre los proveedores, resultando en una mejora de los plazos de espera por cuarto mes consecutivo.

 

Las manufacturas serán un lastre para el crecimiento

 Chris Williamson, economista jefe de Markit, subraya que "los problemas del sector manufacturero de la zona euro se intensificaron de nuevo en julio. La producción cayó al ritmo más fuerte desde mediados de 2009, en concordancia con la medida oficial de la caída de la producción a una tasa trimestral de más del 1%. Por lo tanto, el sector manufacturero parece que será un lastre importante en el crecimiento económico en el tercer trimestre, a medida que la zona euro se enfrenta a una profunda recaída en recesión".

 

"Alemania y Francia registraron los ritmos más fuertes de declive en tres años o más, pero España y Grecia continuaron señalando los peores resultados. El único país que mostró indicios de salir de la desaceleración en lo que va de año fue Irlanda, donde la producción está empezando a aumentar de nuevo gracias al incremento de las exportaciones".

 

Para Williamson, "la imagen positiva de Irlanda quizás envíe un mensaje de que otros países no necesariamente se tienen que enfrentar a la inevitable profundización de la crisis si se puede mejorar la competitividad, aunque la actual debilidad económica global sugiere que todos los productores se enfrentan a un entorno difícil, tanto en los mercados de exportación así como en el mercado interior".

Problemas para la exportación de los productos Made in Spain

La marca España está inmersa en un proceso de devaluación desde el año 2008, ha perdido competitividad en el mercado europeo y un mismo producto de la marca España se vende un 10% más barato que un producto francés y un 20% más barato que un alemán.

Esta explicación la dio Josu Ugarte, director general de Operaciones Internacionales de la cooperativa vasca Mondragón. La gran problemática a la que se enfrentan las empresas españolas es que además de perder fuelle en el mercado europeo. En España, las ventas de los productos también están cayendo (en el caso de Mondragón un 30% desde 2007) y que por lo tanto no queda otra solución que internacionalizarnos e intentar conquistar nuevos mercados.

El ejecutivo aconsejó que las empresas deben estar muy distribuidas geográficamente para que no les afectara tanto la crisis, pero en ningún momento deben caer en la deslocalización, "las empresas deben mantener siempre una matriz en España, y exportar sólo un producto de la gama al principio, porque puede que al nuevo mercado al que se abran no triunfe".

El director Internacional comentó que los países que en estos momentos están pegando fuerte son los emergentes India y Brasil, además confirmó que Rusia está siendo un mercado muy atractivo pero que por encima de todos está el mercado chino en el que ha conseguido crecer un 30% en seis años.

Cada país afirmó Ugarte que es un mundo totalmente diferente y tenemos que descubrir antes de instalarnos, ya que la forma de adaptación es totalmente diferente en cada uno de ellos. Puso el ejemplo de China y Brasil, en el primero de ellos es muy fácil entrar pero la venta es muy difícil, sin embargo en el país sudamericano la entrada es muy dura pero cuando estás dentro es muy sencillo vender.

Finalmente, animó a todas las pymes comentando que "todas las pequeñas y medianas empresas pueden internacionalizarse y ser competitivas en el mercado con las herramientas y recursos adecuados. Y conquistando nuevos mercados podemos crecer ya que nosotros de cada 4,26 empleos que creamos en el extranjero estamos creando uno aquí".

Central banks in Europe and Asia attempted to stimulate the sluggish global economy

Central banks in Europe and Asia attempted to stimulate the sluggish global economy on Thursday by loosening monetary policy and cutting interest rates.

 

The People’s Bank of China surprised investors by lowering its main one-year lending rate by 0.31 percentage points to 6 per cent, showing that the economic slowdown extends beyond Europe. 

 

As expected, the European Central Bank cut its main interest rate by a quarter point to 0.75 per cent, the lowest on record, and the Bank of England restarted money-printing and pumped an extra £50bn into the UK economy, taking the total to £375bn. 

 

The central banks’ moves come as global business surveys show much weaker growth than expected this year. The global composite purchasing managers’ index of activity in services and manufacturing, compiled by JP Morgan, dropped to 50.3 in July, its lowest since 2009.

Alcaldes y concejales cobrarán en función del tamaño del Ayuntamiento

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado una inminente reforma de la Ley de Bases del Régimen Local que, entre otras cosas, modificará el sistema de retribución de los alcaldes y concejales para adecuar los sueldos a la población del municipio.

Sáenz de Santamaría avanzó esta medida durante la apertura del curso de verano "1812-2012: de la primera constitución al constitucionalismo del futuro", que organiza la Fundación FAES y que dirige el diputado del PP Ignacio Astarloa. En su intervención, la 'número dos' del Ejecutivo dio a entender que en las próximas semanas se aprobará en el Consejo de Ministros una gran reforma de la administración, que incluirá una profunda revisión de la Ley de Bases del Régimen Local. 

Una de las principales novedades será la revisión de las retribuciones que tienen los alcaldes y concejales de los municipios, con el fin de evitar que haya remuneraciones dispares y desproporcionadas en estos tiempos de crisis económica. Sáenz de Santamaría explicó que el Gobierno quiere que los salarios de las corporaciones locales dependan de un "baremo" que anualmente fijará el Estado en los Presupuestos Generales. 

La intención es que los sueldos de alcaldes y concejales se establezcan "según las características del municipio", incluido el número de habitantes, para que los propios ediles no puedan subirse las retribuciones a su antojo. Sáenz de Santamaría explicó que la reforma de la administración, que revisará el marco de competencias entre los distintos gobiernos, pretende "garantizar que pequeños municipios puedan recibir servicios públicos adecuados a precios razonables y mejor gestionados". Denunció que en España existe una "multiplicidad de entidades locales" que debe revisarse, lo que podría suponer la fusión de pequeños ayuntamientos, y definición de las funciones de las administraciones más pequeñas porque en ocasiones "ejercen con gran parafernalia una multiplicidad de competencias que multiplican la gestión y los recursos públicos".

 

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Video del dia a dia de la empresa española

Independientemente del medio, video con el testimonio de un pequeño empresario español en huelga de hambre por el problema de los pagarés.

Esperemos que tenga la repercusión necesaria para que los políticos pongan fin a esta situación quede está llevando por delante a muchas pequeñas y medianas empresas.

http://www.intereconomia.com/video/gato-agua/jose-miguel-garcia-gallardo-empr...

Spain asks for aid to recapitalise banks

Luis de Guindos, Spanish economy minister, on Monday formally requested assistance from the country’s eurozone partners to help recapitalise Spanish domestic banks, which are burdened by bad loans to property and construction companies and by a continuing sovereign debt crisis.

In a letter to Jean-Claude Juncker, the Luxembourg prime minister who heads the eurogroup of eurozone finance ministers, Mr de Guindos confirmed that the aim was to agree details and conditions of the loan in a memorandum of understanding before the next eurogroup meeting on July 9.

I have the honour to address you in the name of the Government of Spain to make a formal request for financial help for the recapitalisation of Spanish financial institutions that may require it,” the letter said.

No amount was mentioned in the letter but Spain is thought to be looking for up to €100bn.

Olli ehn, the EU’s top economic official, said on Monday that he had instructed his staff to “step up their work” on assessing the Spanish banking sector, saying the recently released audit by two private consultancies were “a good starting point” and that a rescue deal could be reached in a matter of weeks.

Mr Rehn said that while conditions on the bailout loans would only apply to “banks being recapitalised and to the Spanish financial sector as a whole”, the European Commission would continue monitor Madrid’s commitments to fiscal and economic reforms.

“There cannot be sustainable growth without sustainable public finances, both at national and subnational levels,” Mr Rehn said in the written statement. “Progress in these areas will be closely and regularly reviewed in parallel to the financial assistance.”

Funds will go to Spain’s state Fund for Orderly Bank Restructuring (Frob), which will direct the money to banks in need. The process will be closely monitored by the European Commission, the European Central Bank and the International Monetary Fund as well as by Spanish institutions.

But European institutions and governments have continued to voice differences over how to apply the bailout and broader fiscal and banking reforms needed to restore investor confidence in the debt of countries such as Spain and Italy. 

Spain’s difficulties in raising money via the sovereign bond markets, and its admission two weeks ago that it needed aid for its domestic banks, has fuelled expectations among investors that the country would become the fourth member of the eurozone after Greece, Ireland and Portugal to need a full rescue.

As a condition of the bank bailout for Madrid, Spain’s eurozone partners are likely to require a deep restructuring of the Spanish domestic banking sector, which could involve the creation of one or more “bad banks” to house property assets and the forced liquidation of insolvent institutions.

Officials will look at restructuring examples from Ireland, where a central “bad bank” was created, and Germany, where “toxic” assets were placed in separate vehicles alongside individual banks.

Other crucial disputes have yet to be resolved, including whether the aid money should go directly to the banks rather than to the Spanish government as currently envisaged, on the grounds that a loan to the sovereign simply increases Spain’s public sector debt and makes it even more difficult to borrow commercially. 

A paper prepared for the EU summit says leaders should explore giving the EU’s bailout funds the power to take stakes in banks directly, according to the latest drafts.

“We will discuss this at the European summit, and this possibility is absolutely open to Spain if there is progress in the next few months,” Mr de Guindos said at a meeting of EU finance ministers in Luxembourg last week. “The process of recapitalisation is not instantaneous.”

Another argument concerns debt seniority, with Germany wanting Spain to borrow from the European Stability Mechanism, the bailout fund expected to be launched next month, because it has “seniority” over other creditors and thus safeguards German and other contributors in the event of a default.

Critics of the German position say investors’ fears of the ESM having precedence over ordinary bondholders was precisely what caused Spanish bond prices to tumble after Spain first called for help on June 9. 

Spanish and other European leaders have accepted that they need to move towards some kind of “banking union” within the eurozone as well as towards the integration of fiscal and economic policies, but these are long-term changes that will not solve Spain’s difficulties in the immediate future.

“Europe is crying out for greater fiscal, financial and political integration,” María Dolores de Cospedal, secretary-general of Spain’s governing centre-right Popular party, said at the weekend. “We know that Europe must be strong so that Spain can be strong.”

 

Nuevo video corporativo. Que os parece?

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Para las empresas y autónomos que trabajan con Administraciones Públicas

De obligado conocimiento, para refrescar.

 

Artículo 200. Pago del precio.

1. El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos establecidos en esta Ley y en el contrato, con arreglo al precio convenido.

2. El pago del precio podrá hacerse de manera total o parcial, mediante abonos a cuenta o, en el caso de contratos de tracto sucesivo, mediante pago en cada uno de los vencimientos que se hubiesen estipulado.

3. El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias de la ejecución del contrato y que estén comprendidas en el objeto del mismo, en las condiciones señaladas en los respectivos pliegos, debiéndose asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía.

4.  La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato, sin perjuicio del plazo especial establecido en el artículo 205.4, y, si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Cuando no proceda la expedición de certificación de obra y la fecha de recibo de la factura o solicitud de pago equivalente se preste a duda o sea anterior a la recepción de las mercancías o a la prestación de los servicios, el plazo de treinta días se contará desde dicha fecha de recepción o prestación.

5. Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración, con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en esta Ley.

6. Si la demora de la Administración fuese superior a ocho meses, el contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.

7. Sin perjuicio de lo establecido en las normas tributarias y de la Seguridad Social, los abonos a cuenta que procedan por la ejecución del contrato, solo podrán ser embargados en los siguientes supuestos:

1. Para el pago de los salarios devengados por el personal del contratista en la ejecución del contrato y de las cuotas sociales derivadas de los mismos.

2. Para el pago de las obligaciones contraídas por el contratista con los subcontratistas y suministradores referidas a la ejecución del contrato.

8. Las Comunidades Autónomas podrán reducir los plazos de sesenta días, cuatro meses y ocho meses establecidos en los apartados 4, 5 y 6 de este artículo.

Artículo 200 bis. Procedimiento para hacer efectivas las deudas de las Administraciones Públicas. 

Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 200.4 de esta Ley, los contratistas podrán reclamar por escrito a la Administración contratante el cumplimiento de la obligación de pago y, en su caso, de los intereses de demora. Si, transcurrido el plazo de un mes, la Administración no hubiera contestado, se entenderá reconocido el vencimiento del plazo de pago y los interesados podrán formular recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración, pudiendo solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la deuda. El órgano judicial adoptará la medida cautelar, salvo que la Administración acredite que no concurren las circunstancias que justifican el pago o que la cuantía reclamada no corresponde a la que es exigible, en cuyo caso la medida cautelar se limitará a esta última. La sentencia condenará en costas a la Administración demandada en el caso de estimación total de la pretensión de cobro.

EEUU ya habla de un segundo rescate a España. Apostamos a que coincide en fin de semana y con partido de la selección española?

En Estados Unidos nunca ha habido ninguna duda: desde el sábado, el consenso del mercado ha tachado el rescate a la banca como una solución temporal, que sólo lograría calmar a los mercados momentáneamente. Así que la buena noticia ha estado siempre matizada y empañada por ese temor a una intervención mayor de toda la economía. Ahora, el miedo parece hacerse más fuerte e incluso en EEUU aparecen opiniones extremas.

El primero en salir a la palestra fue el famoso multimillonario Jim Rogers: “El rescate a la banca española es una locura, hay que dejar quebrar al país”. Sus declaraciones a la CNBC pronto empezaron a ganar adeptos en los medios de comunicación norteamericanos. Tanto su receta como sus explicaciones. “Lo que están haciendo es quitar los bienes a las personas competentes para dárselo a las personas incompetentes… es una moral absurda, la forma de que un sistema funcione es permitir a la gente competente entrar y hacerse cargo de los activos, reorganizarlos y volver a empezar”. Así que para Rogers todo aboca a un megarescate futuro, pues sólo se da una patada hacia delante al problema al “crear más deuda para solucionar el exceso de deuda”.

En el mismo foro, tampoco auguraba mucho futuro al préstamo a la banca Mohamed El-Erian, consejero delegado de Pimco. “El paquete no rompe el vínculo creciente y problemático entre los débiles bancos españoles y la deteriorada solvencia de su deuda”, decía el mayor gestor privado de fondos del mundo, para quien la acogida ha sido “decepcionante”. “Esto debería recordar a los políticos europeos que cuanto más erosionada está la credibilidad de la política, más difícil es conseguir que el sector privado comparta sus planes”.

Ambos agravaron así el pesimismo que ya había lanzado Joseph Stigliz, el Premio Nobel de Economía. “Si el Gobierno rescata a los bancos y la banca rescata al Gobierno, el sistema se convierte en una economía vudú. No está funcionando ni funcionará”, concluía.

“ESPIRAL DE LA MUERTE”

 Time se acaba de sumar a estas preocupaciones: “El rescate bancario no hará sino aumentar la deuda del gobierno, agravando la preocupación entre los inversores sobre la salud de las finanzas del país, haciéndolos más reacios a mantener la deuda pública española y eso, a su vez, hará más difícil para España financiarse a tasas de interés asequibles”. “En otras palabras, el rescate bancario sólo puede hacer otro plan de rescate del gobierno español más probable”, añadía.

Para la publicación, el miedo a una gran intervención de la economía se basa en las “pobres” perspectivas económicas, que hacen sospechar que el país “seguirá necesitando apoyo sustancial”. ¿Y la solución? Que salga de su “espiral de muerte”, pues mientras la economía siga sumida en el paro y la recesión, la presión sobre los bancos persistirá. La contracción lleva a más quiebras y caídas de los precios inmobiliarios, ampliando el agujero de los balances de las entidades financieras.

Ya un día antes, un editorial de The New York Times apuntaba en la misma dirección, asegurando que es “inevitable” un segundo rescate. Es muchísimo más que una opinión aislada, como confirma Reuters. Según su última encuesta entre economistas de EEUU y Europa, España seguirá pronto los pasos de Portugal, Irlanda y Grecia y pedirá un rescate internacional para su deuda pública. En concreto, 35 de 59 analistas consultados dicen que es "probable" o "muy probable" que el país necesite ayuda internacional para financiarse en los próximos 12 meses, mientras que sólo los 24 restantes lo ven como "improbable". Estos resultados contrastan con los de un sondeo en abril, que arrojó una posibilidad de apenas una entre cuatro de que España fuera a necesitar una intervención.

En esta maraña de opiniones que se debaten entre un segundo rescate o dejar quebrar al país, la Casa Blanca no contribuye a aliviar las dudas. Da la bienvenida a la decisión del Eurogrupo de dar un préstamo para la banca española, pero se escabulle a la hora de valorar la situación concreta.

Los ayuntamientos destruyen 44.000 empleos

La crisis se ha llevado por delante miles de empleos en los ayuntamientos, que se enfrentan en los próximos meses a tiempos aún más negros al tener que cumplir con unos planes de ajuste que incluyen mayoritariamente reducciones de plantilla. 

 

De acuerdo con un estudio que está elaborando CCOO sobre el empleo público, durante 2011 se destruyeron 44.000 puestos de trabajo en la administración local durante 2011, lo que representa un 55% del total de ocupación pública perdida. Casi el 40% de los despedidos el año pasado fueron, además, asalariados menores de 30 años.

 

 

Por el momento, no muchos municipios han explorado la vía de los ERE (Expediente de Regulación de Empleo), pero se cuentan por miles los que han prescindido de algunos de sus empleados mediante métodos tan sencillos como son la no renovación de contratos eventuales, la extinción de las plazas por jubilación o la no cobertura de bajas.

Los recortes

 

La prevalencia del personal eventual, interino y "laboral" ha facilitado a los consistorios prescindir de determinados puestos de trabajo antes necesarios y ahora, con la crisis, no tanto, con los que además se cubrían servicios de los que no se hacían cargo otras administraciones, principalmente las autonomías, a las que les competía. 

 

El municipio valenciano de Paterna ha extinguido 200 de sus 900 puestos de trabajo, medida que supone a las arcas públicas un ahorro de 6 millones de euros pero también la renuncia a prestar servicios como la atención domiciliaria o la escuela de adultos. 

 

Con la medida, se redujeron en cien los empleados de una empresa pública que presta servicios que van desde el mantenimiento de parques y jardines o alumbrado hasta la atención al ciudadano y las escuelas infantiles, ha explicado a Efe su concejal de Hacienda, Manuel Palma. 

 

"No teníamos más remedio. Prestábamos servicios por los que no nos pagaban, y con la caída de ingresos no podíamos mantener los mismos gastos", se justifica. 

Algún ERE

 

Aunque hay Ayuntamientos saneados -pocos-, por toda la geografía española pueden escucharse voces como la del edil de Paterna o la del primer teniente de alcalde de Jerez (Cádiz), Antonio Saldaña, cuyo municipio ha contemplado en el plan de ajuste un ERE para 390 trabajadores, de los que 90 son empleados de empresas públicas. 

 

Saldaña explica que la deuda de 1.000 millones de euros ha llevado a replantearse la idoneidad de mantener servicios "duplicados", como un consultorio donde se realizan citologías o una imprenta municipal que se mantendrá, pero con bastantes menos de los 46 empleados que tiene ahora. "Aquí prácticamente todos son indefinidos o fijos, no teníamos apenas temporales de los que prescindir a medida que terminaban sus contratos, y teníamos que reducir mucho los gastos de personal si queríamos un Ayuntamiento viable", dice. 

 

¿Y es compatible recortar personal con mantener servicios básicos? Pese a que los Ayuntamientos sostienen que lo prioritario sí, los sindicatos dicen estar "muy preocupados" por la merma en la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

El secretario general del Sector Estatal de la Administración Local de Comisiones Obreras, Joan Gasull, alerta de que esos empleos perdidos "no pasan inadvertidos y suponen un deterioro enorme de los servicios públicos". 

Las primeras víctimas

 

Gasull coincide con los alcaldes en que los primeros servicios en caer o reducirse por la crisis municipal han sido el mantenimiento, las escuelas municipales infantiles -y también de música, deportes o para adultos-, así como las áreas de administración y urbanismo, esta última antes "muy dotada" y ahora sin apenas trabajo. 

 

"Hay un goteo constante de despidos individuales, no se renuevan por supuesto contratos ni se convocan plazas desde 2010", dice Gasull a Efe, quien lamenta que la "primera medida" para acogerse al plan de pago a proveedores impulsado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas -que ve necesario- sea la reducción de empleo. 

 

"He visto pocos planes de ajuste que incluyan la eliminación de cargos de confianza, cuando, por lo general, cobran sueldos muy elevados", indica. 

 

Por el momento, no hay datos actualizados de las perspectivas de supresión de empleo en municipios, y la última cifra oficial quedó recogida en el Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, según el cual en julio de 2011 trabajaban en diputaciones y ayuntamientos 11.278 personas menos que el año anterior. 

 

Fue la primera vez en los últimos 10 años que se reducían las plantillas de administraciones locales, que se quedaron en 646.627 trabajadores. "La primera vez, pero no la última", advierten fuentes sindicales, quienes creen que 2012 será un año aún más duro. 

 

Y lo será en parte por la puerta que se le abre a los consistorios para presentar un ERE, como el de León. Pactado con los sindicatos, afectará a 200 trabajadores y provocará el cierre de dos guarderías públicas, un albergue, el laboratorio y el matadero municipal, explica a Efe el secretario de Administración Local de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Benedicto Díez. 

 

También la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) admite la tendencia de destrucción de empleo, pero, por el momento, prefiere no pronunciarse sobre una situación de la que no dispone de datos exactos.

 

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Solución a la crisis sin un duro para la banca

El país que no dio dinero público a la banca y llevó a políticos y banqueros a los tribunales ya esta saliendo De la crisis. Ya se ven brotes verdes en la economía islandesa. Los españoles afectados por Islandia preparan un aluvión de demandas ¿Debe España seguir el ejemplo islandés? El ex primer ministro islandés se enfrenta a una posible pena de cárcel por su gestión de la crisis Islandia, 2007: país pequeño, poco poblado y con alto grado de bienestar social. Cuatro pequeños bancos operaban en el interior del país. Poco a poco se fue permitiendo privatizar ciertos recursos, se facilitó la especulación bancaria. Se abusó de la vivienda como recurso de inversión, llegó el boom inmobiliario y con él, la concesión de créditos sin límite. En España ya hemos visto la película, pero en esta ocasión el final cambia. Como ocurrió con nuestro país, un par de años después Islandia se colapsó. En 2008, fueron nacionalizados los tres mayores bancos y su deuda pública empezó a multiplicarse. Un año después, el Parlamento acordaba devolver la deuda a Gran Bretaña y Holanda, sus principales acreedores bancarios. Cada familia islandesa debía pagar 3.500 durante 15 años al 5,5 % de interés. Aumentaron las protestas sociales y se convocó un referéndum en el que se decidió rebajar el interés al 3% y aumentar el periodo de pago a 37 años. Finalmente, Islandia tuvo que pedir un rescate internacional del FMI que le obligó a acometer importantes ajustes económicos. Pero, ahí empieza la diferencia: el Gobierno islandés no desembolsó ni una sola corona de los contribuyentes en los bancos. Los dejó quebrar. En octubre de 2008, Islandia dejó morir a tres grandes bancos —el Kaupthing, el Landsbanki Íslands y el Glitnir—. Renegoció la deuda con los acreedores (en su mayor parte de Alemania, Reino Unido y Holanda) y permitió que tomaran el control de las nuevas entidades. No obstante, se calcula que los tenedores de la deuda (casi todos extranjeros) sufrieron una quita del 70%. Islandia no es España Pese a las semejanzas en el discurrir de los acontecimientos, Islandia parte de un punto muy distinto. En el país escandinavo, para empezar, no circulan euros y eso les permite devaluar su moneda temporalmente, para ser más competitivos. En segundo lugar, los acreedores de la inmensa deuda de sus bancos, no eran los islandeses, sino alemanes, británicos y holandeses. Eso puede explicar que dejar morir a la banca, sea una opción para ellos, pero no para España. Sin embargo, hay otro tipo de medidas que Islandia tomó. Los tribunales escandinavos, por ejemplo, juzgaron si el ex primer ministro Geir Haarde era «parte responsable en la crisis financiera». Se trata, por el momento, del único proceso judicial abierto en el mundo contra un político por su presunta implicación en una crisis económica. El ex primer ministro negó todos los cargos. «Ninguno de nosotros estimaba que había algo mal en el sistema bancario», se defendió, al tiempo que añadía que no había ningún signo «claro» de que fuera a producirse ese «crack». Finalmente Haarde fue exculpado de tres de los cuatro cargos que se le imputaban aunque se le condenó por violar la ley de responsabilidad de los ministros. También sentará en el banquillo de los acusados la cúpula directiva del banco islandés Kaupthing Bank. El presidente y el consejero delegado de la entidad, fueron acusados junto a otros de fraude y manipulación por la Fiscalía Especial de Islandia, en el marco de sus investigaciones sobre el colapso de la banca islandesa en 2008. Brotes verdes A Islandia aún le quedan asuntos por resolver, pero está en el camino de conseguirlo. Su deuda pública sigue suponiendo el 100% del PIB y tiene una importante deuda privada, la inflación no está del todo estable y, aunque pagó anticipadamente de 339, 2 millones al FMI, aún le queda parte del préstamo por devolver. El mismo órgano acaba de publicar su última revisión sobre el estado de Islandia y las previsiones dicen que este año su economía crecerá un 2,4%, con un consumo privado tirando al 3% y compensando la caída de la inversión pública fruto de las medidas de austeridad. En la estepa islandesa ya se ven brotes verdes. Los islandeses han tirado el libro de estilo de las crisis económicas por la ventana y, por lo que parece va bienparece, les está saliendo bien.

La Ley de Emprendedores y el nuevo IVA para autónomos entran en dique seco

Los emprendedores eran el colectivo preferido por los programas electorales el pasado mes de noviembre. Lo fue también para el Partido Popular y tomaron más protagonismo cuandoMariano Rajoy, en su debate de investiduda del 20 de diciembre en el Congreso, los elevó a prioridad absoluta.

Antes de que terminase el primer trimestre -proclamó el jefe del Ejecutivo-, la Cámara Baja recibiría un paquete de medidas especiales para los pequeños empresarios. Casi con toda probabilidad, expirará el segundo trimestre y el plan no habrá sido aprobado siquiera por el Consejo de Ministros, que es el paso previo para entrar en el Parlamento.

¿La razón? Cualquiera de las siguientes: crisis de deuda, déficit desbocado de las autonomías, números rojos de la Administración central, sanidad, educación, exigencias más urgentes de organismos internacionales...

Han pasado cinco meses de Consejos de Ministros y el Gobierno no ha encontrado el momento para aprobar sus medidas para el pequeño empresario. La última previsión habla de algún momento del verano, aprovechando otras medidas de estímulo, como las de unidad de mercado o de horarios comerciales y así dar sensación de que hay algo más que medidas de ajuste y recortes.

En cualquier caso, y al abordar competencias de varios ministerios, la ley dependía directamente de Presidencia, es decir, de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

El problema, del mismo modo, es que, al ser una Ley compiladora de varios departamentos, se han ido aprobando algunas novedades en otras normas (como la reforma laboral o las medidas de lucha contra el fraude) y, poco a poco, se ha ido desnudando de contenido propio el paquete original.

Ley de Emprendedores se iba a llamar este paquete y entre sus novedades más destacadas (y que espera en el seno de esta norma y no se ha adelantado por otra vía) se incorporaba una serie de mejoras en el IVA a los autónomos, que sólo tendrían que pagarlo cuando realmente cobrasen la factura y no al momento de emitirla.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicó ya en marzo que la medida empezaría aplicándonse en las facturas que los proveedores mantuvieran con la Administración y que se extendería luego a otras situaciones.

La urgencia se explicaba por el retraso que acumulan los organismos públicos a la hora de pagar y que provoca que un autónomo firme una factura con una administración a principios de un año, reconozca esos ingresos en el primer trimestre de ese año (como corresponde por la legislación del IVA, que se salda cada tres meses), pero no cobre realmente el dinero hasta pasado un año o dos.

La modificación normativa ha sido una reclamación histórica de las asociaciones de autónomos y pymes. El secretario general de UPTA, Sebastián Reyna, comprende que la situación general es complicada, pero ha pedido "un esfuerzo al Gobierno para que se apruebe cuanto antes mejor".

Más IVA y el papel de Empleo

De forma complementaria a esta novedad, la Ley de Emprendedores también iba a abrir la puerta a otra nueva figura relacionada con los autónomos: la compensación tributaria. Con ella, un autónomo saldaba una deuda con Hacienda a cambio de dar por cobrada una factura impagada de la administración.

Tras meses de debate, el Gobierno estaba dispuesto a empezar sólo con el Estado, por los problemas que podría ocasionar en un primer momento su extensión a autonomías y ayuntamientos.

Ese mismo debate llegó a la conclusión (por parte del Gobierno) de que la deuda con la administración no se saldaría a través del impago de cuotas de la Seguridad Social. No está el sistema de protección para muchos gastos, con el aumento de las prestaciones por paro.

Desde el Ministerio de Empleo, de hecho, debían venir otras medidas para la postergada Ley de Emprendedores, como las bonificaciones en la contratación de autónomos en general y las de familiares en particular.

Sin embargo, el plazo de enmiendas de la reforma laboral en el Congreso ha servido para sumar esta última medida a la norma y sacarla de la Ley de Emprendedores también.

Por lo demás, el paquete de actuaciones inicial también contemplaba aspectos como la agilización de las licencias de apertura (aprobada hace dos semanas de forma independiente)y la eliminación de toda la burocracia que se soporta en España a la hora de crear una empresa (y que nos deja como el país de la UE donde más se tarda en constituir una sociedad).

How to save Europe

GREEK politics may determine the euro’s short-term future, but it is Spain that poses the single currency’s most difficult problem. The euro zone’s fourth-biggest economy is caught in an increasingly desperate spiral of deepening recession, drowning banks and soaring borrowing costs. Spanish firms and banks are all but cut off from foreign funds. On May 30th yields on ten-year sovereign bonds rose above 6.6%, close to the level at which Greece, Ireland and Portugal had to seek a bail-out. After the government’s botched nationalisation of Bankia, a troubled savings bank, Spanish depositors are jittery (see article). A bank run is all too plausible—especially if Greece, which is bracing itself for a fresh election on June 17th, is forced out of the euro soon. Even if that calamity is avoided, Spain’s slump will drag the country inexorably towards insolvency. In this section Morals and the machine »How to save Spain Horror in Houla State of renewal Fracking great Reprints Related topics Ireland Greece Politics Spanish politics Government bonds Time to solve Spain’s debt crisis is running out. Doing so requires a radical rethink in Madrid, but above all in Brussels and Berlin. Spain’s government should be free to focus less on fiscal austerity and more on cleaning up the banks. Its European partners should also help by allowing joint rescue funds to be injected directly into banks. The problem in Spain is not that its politicians lack the resolve to reform. In recent months Mariano Rajoy’s new conservative government has pushed through a labour-market overhaul. Over the past year or so Spain has pared pensions and written debt limits into the constitution. Spain’s problem is one of misdiagnosis. Its government and European officials reckon the main challenge is fiscal. They argue that the budget deficit, which reached 8.9% of GDP last year, must be brought down as fast as possible to boost confidence and cut borrowing costs. Spanish politicians have dithered about cleaning up the country’s banks, for fear that doing so would demand an injection of public funds which, in turn, would worsen the government’s finances. Private debt, public pain This fiscal focus gets things exactly backwards. Spain’s poor public finances, unlike those of Greece, are a symptom rather than the cause of the country’s economic woes. Before the crisis Spain was well within the euro zone’s fiscal rules. Even now its government debt, at around 70% of GDP, is lower than Germany’s. As in Ireland, the origins of Spain’s debt problems are private, not public. A debt binge by Spanish households and firms fuelled a property bubble and left the country enormously in hock to foreigners. After adjusting for all the foreign assets they own, Spain’s households, firms and government collectively owe foreigners almost €1 trillion ($1.25 trillion), or more than 90% of GDP. That is on a par with crisis-hit Greece, Ireland and Portugal, and far higher than in any other big rich economy. Spain’s banks were the conduit for this private borrowing binge, and are being hit hardest by the bust. Fortunately, the long history of bank crises shows what needs to be done. Rather than doing too little too late, as it has so far, Spain’s government should quickly admit the scale of the problem, clean up the banks, preferably by removing bad assets, and shut down, or recapitalise, what is left. All this inevitably costs public money: an average of 10% of GDP in previous episodes, though much more in some countries, notably Ireland. In rich countries governments typically borrow the money from the markets. In emerging economies that cash has usually come from international rescue funds. Spain’s government might be able to cover the costs itself. It could inject as much as €100 billion, or 10% of GDP, into its banks and still keep sovereign debt below 100% of GDP. But if the problem turned out to be Irish in scale, it would need help; and anyway, putting money from European funds into Spain’s banks would boost confidence more convincingly. If euro-zone countries collectively injected funds directly into Spain’s banks, the rescue would do less harm to Spain’s public finances, and the vicious link between the country’s weakening banks and its worsening sovereign debt would be broken. The idea of European-funded rescues for struggling banks has support from the IMF and the European Commission. But there are political hurdles. Allowing the European rescue funds to put money into banks requires approval from national parliaments. Germany objects, on the ground that putting money directly into banks leaves less room for extracting policy reforms in return. That need not be the case. European rescuers could demand reforms as a condition of putting cash into banks, much as if they were lending to the Spanish government. The difference is that a jointly funded plan to deal with the banks might actually work.

Declaraciones Manuel Pimentel

Fuente: Diario de Noticias de Alava

"España está intervenida de facto, los gobernantes no tienen libertad de movimiento."
"El Gobierno debe ser imaginativo para crear crecimiento y esta siendo poco activo."
"El sufrimiento de la marca España tendrá repercusiones para las empresa"

Y con todo esto, enfoquemos la próxima semana con optimismo.. ..

Prohiben mas de dos moscas en los aseos de Pekín

Los baños públicos, de los aeropuertos, estación de ferrocarril, centros comerciales, supermercados, de Pekín no podrán tener en su interior más de dos moscas, según una reciente disposición de la Oficina de la Imagen de Pekín, informó hoy el Nuevo Pekín.

Por otra parte, un responsable de la Oficina, Xie Guomin, dijo al Diario de Pekín que la cifra de dos moscas en los baños pequineses, instalaciones habituales en algunas zonas de la capital donde las viviendas carecen de ellos, "se refiere a las que podemos ver, las que molestan y pueden transmitir muchas enfermedades".

"Ha sido necesario fijar unos límites para la inspección. Si hay más de dos moscas, el baño público perderá 1,33 puntos de un total de 100 puntos. Hasta ahora, la mayoría de los inspeccionados no superan esa cantidad, solamente los mal administrados", dijo Xin.

Para cumplir con la medida, los empleados de la limpieza deberán emplear diversos sistemas para acabar con las moscas, ya sean aparatos eléctricos, tiras de goma en las que se peguen o insecticidas, añadió Xin, quien destacó que en cada baño existe un número de teléfono para poner denuncias.

"Pero, ¿quién va a detenerse en un baño público para denunciar que hay una mosca de más?. Es un lugar del que se quiere salir rápidamente", dijo hoy a Efe una recién graduada universitaria, que no quiso identificarse, y que comparte un baño público con el resto de los habitantes de su "hutong" (callejón).

Vaciar las papeleras
En los foros de internet la polémica es amplia, no solo de higiene, y por ejemplo, en Weibo (Twiter chino), Jing Lihong, afirmó que "mientras se mejora la higiene de los baños, los obreros que los reparan y limpian, efectúan el oficio más despreciable por un salario mínimo y expuestos a la contaminación de los gases".

Sun Yun por su parte se pregunto: "Si en una vivienda hay más de dos moscas, entonces es peor que un baño público".

Para Lin Jie, "¿por qué fijarse en las moscas cuando hay tantos tipos de insectos en lugares no muy limpios?".

Entre las recomendaciones de la Oficina para la higiene de los baños públicos se encuentra también la de impulsar la utilización de la cisterna y a vaciar más a menudo las papeleras.

Women fight for their free right to free public toilets

Women in Mumbai can own property and vote. They even make up half of the city’s civic authority, a collection of elected and unelected officials. Something they can’t do, however, is pee for free. Women have to pay a fee to use their city’s public toilets, while men do not. And, not surprisingly, the women aren’t happy about it. As a result, 35 NGOs have teamed up to launch a campaign called “Right to Pee,” urging authorities to eliminate the public toilet fee and bring in other amenities for women.

 

A 2009 study by the Center for Civil Society found that Mumbai had only 132 public toilets designated for women—several of which required extensive repairs—while the men had 1,534. The situation is so dire, women often resort to carrying a bag with them, a solution known as the “flying toilet.” And because only half of India’s homes have toilets, public sanitation is more important than ever.

 

So far the 35 NGOs have collected over 7,000 residents’ signatures on the “Right to Pee” petition, which they are going to present to Mumbai’s civic authority—its female half, in particular.

 

Automatic public toilets, lorke, lorke systems

Tregua al déficit español?

Toma fuerza la posible bajada de exigencia de reducción de déficit para España aplazándose un año el limite del 2013.

Financial times: I think Spain has not admitted to itself just how weak some of its banks actually are and how serious the situation is.”

"Financial times: I think Spain has not admitted to itself just how weak some of its banks actually are and how serious the situation is.”

Parece que el sistema bancario español empieza a hacer más aguas..

Inversión publica: llave para salir de la crisis?

El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, abogó este sábado por un "pacto europeo por las inversiones" para impulsar el crecimiento. Rehn defendió utilizar las inversiones públicas en áreas clave como la infraestructura de transporte o de las telecomunicaciones, de manera que sirvan de palanca para los fondos privados y generen crecimiento. "Necesitamos centrar nuestros esfuerzos colectivos en impulsar el crecimiento", subrayó Rehn en un discurso pronunciado en el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad Libre de Bruselas, distribuido por el servicio de prensa de la Comisión Europea. El vicepresidente valoró los esfuerzos de consolidación fiscal hechos hasta ahora, pero, en este momento, abogó por crear un "pacto europeo por las inversiones" que refuerce las inversiones públicas y las utilice de manera "inteligente", a fin de movilizar también la financiación privada. Tres pilares del crecimiento Destacó que, en tanto que la consolidación fiscal es "inevitable" y las reformas estructurales son la "llave" para el crecimiento a medio plazo, "las políticas públicas activas para promover un crecimiento sostenible son igualmente importantes", y aludió a tres pilares en los que basar la estrategia de crecimiento. En primer lugar, afirmó que la "necesaria" consolidación fiscal debe hacerse de manera equilibrada sin que perjudique al crecimiento. "El pacto de estabilidad y crecimiento no es estúpido", enfatizó, y aseguró que, aunque se basa en un conjunto de normas que pueden acarrear sanciones a los países con déficit excesivos, también deja "un margen considerable para el juicio, basado en el análisis económico y sus disposiciones legales", a la hora de aplicarlo. En ese sentido, afirmó que el pacto "subraya la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo e implica la diferenciación entre Estados miembros de acuerdo a su espacio fiscal y condiciones macroeconómicas". Así, señaló que hay Estados miembros "vulnerables" bajo un estrecho escrutinio de los mercados, que "necesitan convencer tanto a las fuerzas de los mercados como a los responsables políticos sobre su capacidad de hacer frente a los desafíos fiscales y, así, crear confianza". En segundo lugar, Rehn aseguró que la crisis no solo tiene "raíces fiscales", sino que sus "orígenes más profundos" están en desequilibrios macroeconómicos y divergencias en competitividad, por lo que los países ya están poniendo en marcha las reformas estructurales correspondientes para corregir esos desajustes. Y, en tercer lugar, el comisario hizo énfasis en que es necesario incrementar las inversiones para "suplir otras políticas de nuestra agenda de crecimiento". "De manera más precisa, necesitamos más inversión transfronteriza europea y comunitaria en infraestructuras", especialmente en energía, transporte, innovación, investigación y comunicaciones. "Bajo ciertas condiciones, la inversión en países con superávit podría ser beneficiosa para reducir los desequilibrios macroeconómicos", comentó. Teme la inversión privada Rehn aludió al temor del sector privado a invertir en este tipo de proyectos, a pesar de la demanda, en tanto que el sector bancario aún continúa recuperándose de la crisis, a pesar de las acciones de apoyo del Banco Central Europeo (BCE). "Así que los bancos públicos y las inversiones públicas tienen un papel clave", destacó, y recordó que la Comisión propuso el año pasado la creación de bonos para proyectos de inversión en infraestructura, "una nueva herramienta para destrabar la financiación privada".

León, primer Ayuntamiento que pretende despedir funcionarios

El Ayuntamiento de León ha abierto un proceso de negociación para llevar a cabo un despido colectivo. Se trata del primer consistorio de tamaño medio en acogerse a la reforma laboral para reducir su plantilla.

 

La medida afectará a más de 200 personas, lo que supone aproximadamente un 10% de los trabajadores públicos del ayuntamiento leonés.

 

Nuria Lesmes, concejala de personal del Ayuntamiento de León, explicó ayer a CincoDías que se ha abierto un periodo de negociación y que se revisará "caso por caso". La dirigente del Partido Popular subrayó que el estado de las cuentas del ayuntamiento justifican la medida.

 

Lesmes precisó que la reducción afectará a 180 empleados públicos y a "90 excedencias". En estos últimos casos la concejala indicó que se cumplirá a rajatabla con la ley y que los puestos en excedencia que no puedan amortizarse se mantendrán.

 

Según una disposición transitoria del decreto ley que entró en vigor el pasado mes de febrero, cuando los "entes, organismos y entidades que forman parte del sector público" aduzcan nueve meses de "insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente", podrán poner en marcha un expediente de regulación de empleo (ERE) por causas económicas y despedir con una indemnización de 20 días por año trabajado sin que la autoridad laboral les de el visto bueno.

 

Con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma laboral, no estaba claro que un ayuntamiento pudiera llevar a cabo un ERE. Había jueces que consideraban que no había razón legal para oponerse y otros que sí.

 

Según el Ministerio de Administraciones Públicas hay 700.000 empleados públicos en España considerados como personal laboral contratado y 150.000 personas que trabajan en empresas públicas con el mismo régimen.

 

La deuda del Ayuntamiento de León con proveedores asciende a 280 millones de euros y es la más abultada de un municipio de Castilla y León, ya que supone el impago de más de 25.000 facturas a 240 empresas. Dirigentes populares y socialistas del consistorio leonés se han acusado mutuamente de falsear los datos de la deuda del ayuntamiento.

Spain Jobless Crisis Deepens

MADRID—Spanish officials moved to shore up confidence in the ailing local economy after new data showed unemployment at an 18-year high, after credit-ratings firm Standard & Poor's slapped Spanish government debt with a two-notch downgrade.

 

Spain's statistics bureau Friday said the country's jobless rate rose to 24.4% in the first quarter, from 22.9% in the fourth quarter of last year, inching toward its highest level on record. More than half of workers under 25 years old were without jobs. In the first quarter of 1994, Spanish unemployment reached 24.6%.

 

Spain's struggles with austerity reforms and its credit-rating downgrade will also be felt in the U.S. in subtle ways. Charles Forelle discusses on Markets Hub. Photo: Reuters.

 

 

Spain's government said its program of economic reform will benefit the country after it was hit by a credit rating downgrade by Standard & Poor's and figures showed unemployment had hit an 18-year high. David Roman and Martin Essex report. Photo: Getty Images

 

 

"The figures are terrible for everyone and terrible for the government," Foreign Minister José Manuel Garcia-Margallo said in a radio interview. "Spain has been, and is, in a crisis of huge proportions."

 

Spain's labor market has been hard hit by the collapse of a decadelong housing boom and by budget cuts that are removing tens of billions of euros from the economy. In addition, rigid labor laws make it easier to dismiss workers than to adjust their wages or change their duties. Spain's unemployment rate is more than double the 10.7% euro-zone average, and now totals about 5.6 million people.

 

Reacting to Spain's worsening economic and financial outlook, S&P on Thursday downgraded Spanish government debt to triple-B-plus from single-A. S&P cited a worse-than-expected deterioration of Spain's budget trajectory since last year, and a likelihood that the government will need to provide aid to the banking sector, which has been hit by mounting real-estate losses.

 

The new government of Prime Minister Mariano Rajoy has been battling to overhaul the euro zone's fourth-largest economy since it came to power in December, pushing through draconian budget cuts, labor-market reform and a plan to clean up its struggling banks. 

ted to give the economy a boost in the long term, many analysts believe they are weighing on output in the short term, causing a deterioration of investor sentiment and heightening concerns that the country might need an international bailout.

 

The S&P downgrade and bad unemployment news fanned investor fears toward Spain, sparking a selloff of government debt. Spain's 10-year bond yield closed at 5.87%, up 0.07 percentage point from Thursday, according to data from Tradeweb. The country's five-year credit-default swaps were 11 basis points, or hundredths of a percentage point, wider at 480 basis points, Markit data showed. Though investors initially also sold off Spanish shares, the stock market was later able to move into positive territory.

Euro Zone by the Numbers

 

The 17-nation euro zone is a collection of countries with vastly different economic profiles. See how they stack up on the major measures.

 

Spanish officials moved to contain the damage. At a meeting with journalists, Deputy Finance Minister Fernando Jiménez Latorre said the ratings action "just focuses on the immediate effects" of reforms, which won't be positive. "S&P is not taking into account the full impact of the reforms we are doing," he added.

 

From Germany, Finance Minister Wolfgang Schäuble offered his support for Spain by criticizing the S&P ratings move. He said it undermined efforts by the Spanish government to overhaul its finances. "The decision makes a situation that's already critical even more critical," Mr. Schäuble told Germany's WDR radio. 

 

At a separate news conference, Finance Minister Luis de Guindos cited fast-rising Spanish exports and a narrowing of the country's historically large current-account deficit as evidence of improving Spanish competitiveness. "This shows that the Spanish economy is competitive, unlike some other European economies," he said. "That's the most important element of optimism for the future."

 

Analysts say Spanish companies are becoming more competitive as they slash their staff levels and find more success in negotiating advantageous wage deals with unions.

 

Mr. de Guindos was speaking after a cabinet meeting where the government signed off the annual economic report it must submit to the European Union. The so-called Stability Program report forecasts Spanish gross domestic product will grow by 0.2% in 2013 and by 1.4% in 2014 after contracting by 1.7% in 2012 and that unemployment will fall to 24.2% in 2013. 

 

Growth will be driven primarily by exports, with domestic demand continuing to be depressed as companies and households attempt to work off a massive load accumulated during a decade-long housing boom.

 

The report also forecasts that Spain's fast-rising public-debt level will peak at 82.3% of GDP in 2013 before falling to 81.5% in 2014.

 

Mr. de Guindos added that the government is planning a rise in indirect taxes next year that will allow the government to raise an additional €8 billion ($10.6 billion).

La situación de las Instituciones Públicas (sobre todo las Andaluzas)

El Ejecutivo está dispuesto a poner a cero el reloj de la deuda municipal. Para ello puso en marcha un plan de pago a proveedores, a través del cual los consistorios van a devolver 9.500 millones de euros en deuda comercial que tenían contraída fundamentalmente con pymes y autónomos. A esa cifra hay que añadirle el importante endeudamiento que arrastran con el Estado, mediante el impago de facturas a la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. Y para tratar de frenar esa sangría, el Ejecutivo está reteniendo desde el pasado ejercicio las entregas a cuenta (el dinero que les adelanta el Estado por su participación en los ingresos tributarios) a una gran cantidad de municipios para saldar las cuentas pendientes. En abril, último dato disponible, se han practicado retenciones por ese concepto a 434 ayuntamientos por un importe de 15 millones de euros. En lo que va de año, la cantidad recuperada por el Estado central roza los 60 millones.

 

En la clasificación de los consistorios más morosos con el Estado destaca sobremanera la presencia masiva de municipios andaluces. De los 20 a los que más dinero se les ha retenido en lo que va de año, 18 pertenecen a esa comunidad autónoma. Y entre ellos destaca el caso de Jerez de la Frontera, uno de los ayuntamientos de España con mayor deuda respecto a su tamaño. Un dato que ilustra la crítica situación que vive el consistorio jerezano es el número de facturas que ha presentado para el plan de pago a proveedores (12.999) por un importe de 328 millones. De este modo, se convirtió en el segundo municipio con más deuda comercial, tan solo superado por Madrid, con 1.017 millones. A esos 328 millones hay que sumarles los 120 millones que adeudaba a Hacienda y a la Seguridad Social a principios de este año.

 

El Ejecutivo central le lleva reteniendo la entrega a cuenta mensual (más de tres millones de euros) desde octubre de 2010, con lo que el endeudamiento con el Estado se elevaba a finales de 2010 a 165 millones. La cifra este año se habría elevado a 12 millones. La crítica situación del consistorio le ha llevado a presentar un ERE para despedir a 390 empleados, de los que 300 están en plantilla del Ayuntamiento.

 

También es significativo el elevado volumen de deuda de la Línea de la Concepción (Cádiz), con apenas 64.000 habitantes, a la que se le está reteniendo más de un millón de euros al mes desde principios de 2011.

 

Entre las capitales de provincia sobresale Huelva, a la que se le han retenido cerca de seis millones en lo que va de año, Valencia, con un millón de euros, y Jaén, con 992.000 euros.

Sanciones a los que no presenten liquidación

 

El anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, presentado el pasado mes, establece la obligatoriedad de que todas las Administraciones públicas presenten sus cuentas públicas y que las actualicen periódicamente, especificando el estado de los ingresos y el de los gastos. Parte de esos requisitos ya se les están solicitando a los municipios, que están obligados, a través de la Ley de Economía Sostenible, a presentar la liquidación de los presupuestos en el mes de marzo posterior al ejercicio del que se trate. Si no cumplen con esa disposición, en vigor desde marzo de 2011, el Ejecutivo procederá a la retención de una parte de las entregas a cuenta.

 

En abril, último mes en el que se han distribuido esas transferencias, se han practicado retenciones a 211 ayuntamientos por este motivo por un importe superior a los 800.000 euros. Por comunidades autónomas, la que cuenta con más municipios afectados por esa medida es Castilla y León, con 94, seguida por Castilla-La Mancha (47), Aragón (26) y Andalucía (19). En el lado contrario se sitúan Canarias, Galicia y Murcia, con un cumplimiento casi estricto en la presentación de las liquidaciones, ya que tan solo se ha retenido fondos a un único ayuntamiento en cada uno de los casos.

 

La mayor se le ha practicado a Cercedilla (Madrid), al que se le ha bloqueado toda la entrega a cuenta correspondiente a abril (87.103 euros). En segundo lugar figura Rodeiro (Pontevedra), con 32.884 euros; Madroñera (Cáceres), con 32.147 euros, y Carabaña (Madrid), con 20.621 euros.

El sector local, en cifras

 

- MADRID: Es el ayuntamiento más endeudado de España, con 6.348 millones de euros a finales de 2011, lo que supone un 18% del total de la deuda municipal. Esta cifra se verá incrementada a lo largo de este año como consecuencia de los 1.017 millones de crédito que solicitará dentro del plan de pago a proveedores. Gran parte de esa deuda hasta ahora comercial se convertirá en financiera, con lo que el volumen total volverá a rozar con toda seguridad los 7.000 millones.

 

- OZA DOS RÍOS: Este consistorio de A Coruña es el primero de España que se ha planteado la fusión con otro municipio vecino (Cesuras). Esta unión, auspiciada por la Xunta de Galicia, daría como resultado un ente de más de 5.000 habitantes, sin deudas y que por el mayor tamaño tendría derecho a recibir más subvenciones y a la construcción de un instituto.

 

- TOLEDO:Es el primer municipio español que está barajando la posibilidad de cobrar por las pernoctaciones que realizan los turistas. La caída de los ingresos y el elevado endeudamiento han llevado al pleno municipal a contemplar la posibilidad de cobrar hasta tres euros por noche de estancia. La presión de los hoteleros ha obligado a aplazar esa decisión al menos hasta junio, cuando el grupo de trabajo formado por Gobierno y empresarios presentará sus recomendaciones.

 

- SEVILLA: La asfixia financiera ha conducido a un gran número de consistorios a elevar tasas y precios públicos para tratar de cuadrar ingresos y gastos. Es el caso del Ayuntamiento de Sevilla, que ha aprobado un incremento "lineal y anual" del 3% en sus tasas y precios públicos, una reducción salarial del 5% sobre los empleados de las empresas municipales de transporte y limpieza urbana, una tasa de reposición cero para los empleados públicos y recortes adicionales en el gasto corriente.

Noticia que afecta a las empresas relacionadas con el sector público - infraestructuras y servicios

El cambio en el rumbo político de los dirigentes europeos puede suponer una variación de las políticas de restricción del gasto y por tanto un balón del oxígeno para las empresas del sector

 

Fuente: Expansión: 

 

La canciller alemana ha matizado su discurso. Si hasta ahora su mantra era la austeridad, ha admitido que por sí sola no será suficiente para acabar con la crisis que atraviesa la zona euro.

 

Merkel ha reconocido que "la austeridad por sí sola no resolverá la crisis de deuda" de Europa y lo ha hecho en un discurso ante su partido en Berlín.

 

Sin embargo, a pesar de este nuevo matiz, la canciller sigue siendo contraria a impulsar medidas de impulso del gasto.

 

Este cambio de orientación en sus palabras llega justo cuando el eje franco-alemán podría estar en el aire, si finalmente gana las elecciones el socialista François Hollande.

It's not the best piece of news to begin this Monday morning....

I have just read in Financial Times, really scaring.

 

"Are the markets panicking because Spain may fail to hit its deficit targets, or are they panicking at the thought that Spain may succeed? That, to me at least, is the key question facing eurozone policy makers. The ultimate outcome of the eurozone crisis will depend to a large extent on how that question is answered.

 

News coverage seems to suggest that the markets are panicking about the deficits themselves. I think this is wrong. The investors I know are worried that austerity may destroy the Spanish economy, and that it will drive Spain either out of the euro or into the arms of the European Stability Mechanism. 

 

 

The orthodox view, held in Berlin, Brussels and in most national capitals (including, unfortunately, Madrid), is that you can never have too much austerity. Credibility is what matters. When you miss the target, you must overcompensate to hit it next time. The target is the goal – the only goal. 

 

This view does not square with the experience of the eurozone crisis, notably in Greece. It does not square with what we know from economic theory, or from economic history. And it does not square with the simple though unscientific observation that the periodic episodes of market panic about Spain have always tended to follow an austerity announcement. One such episode came with the discussion that led to the recently introduced draft budget, which included a deficit correction of 3.2 per cent of gross domestic product for 2012. When Mariano Rajoy, Spain’s prime minister, began to outline the deficit cuts for 2013 last week, the markets panicked again and drove Spanish 10-year yields back to 6 per cent. The targeted fiscal adjustment amounts to 5.5 per cent of GDP over a period of two years. It is one of the biggest fiscal adjustments ever attempted by a large industrial country. It is perfectly rational for investors to be scared.

 

European policy makers have a tendency to treat fiscal policy as a simple accounting exercise, omitting any dynamic effects. The Spanish economist Luis Garicano made a calculation, as reported in El País, in which the reduction in the deficit from 8.5 per cent of GDP to 5.3 per cent would require not a €32bn deficit reduction programme (which is what a correction of 3.2 per cent would nominally imply for a country with a GDP of roughly €1tn), but one of between €53bn and €64bn. So to achieve a fiscal correction of 3.2 per cent, you must plan for one almost twice as large. 

 

Spain’s effort at deficit reduction is not just bad economics, it is physically impossible, so something else will have to give. Either Spain will miss the target, or the Spanish government will have to fire so many nurses and teachers that the result will be a political insurrection. 

 

The wider eurozone crisis was caused by financial flows from banks in the core countries, which financed bubbles in the periphery, except in Greece. Spain may also have a dysfunctional labour market and fixing it may still be highly desirable. If this is a good moment to do it politically, then so be it. But we should not fall for the illusion that structural reforms are going to make a big difference. Austerity and reform are not the magic combination policy makers believe them to be.

 

Fixing the Spanish crisis will have to start with the banks – and this is a task the private sector is not willing, and the government not able, to perform. The only halfway benign solution I can see would involve a European rescue programme for Spain that focuses specifically on the recapitalisation and downsizing of the financial sector. Spain would also need to undershoot the eurozone’s average inflation rate over many years to redress some of the lost price competitiveness. At the same time, the country needs to go easy on austerity. 

 

That combination of policies might just work, though it would still be difficult. What is not going to work is a combination of deflation, austerity and private sector deleveraging, all at the same time, for a decade.

 

But it will be tried – of that there can be little doubt. The EU will resist an ESM programme for as long as possible. The eurozone finance ministers fear that any such programme might reopen the debate about the size of the ESM, a debate they want to avoid at all costs. But as the recession gets worse, and Spanish unemployment rises towards 30 per cent, the pressure for Spain to turn to the ESM will grow. It will happen eventually. And even when that happens, it will not end the crisis in Spain. For that a eurozone-wide bank resolution system would also be necessary. 

 

I can see only two outcomes for Spain. The crisis will end either in a catastrophic Spanish withdrawal from the eurozone, or in a variant of a fiscal union that includes a joint eurozone backstop to the financial sector. If the Spanish government pursues the strategy it has announced to the bitter end, the first outcome will become vastly more probable."

SPAIN: The keyv battleground in the eurozone crisis this year

It was always likely that Spain would prove to be the key battleground in the eurozone crisis this year, and so it is proving. If the eurozone’s austerity strategy, based mainly on the imposition of fiscal contraction in the peripheral economies, works in Spain, then it will probably work elsewhere. But if it fails in Spain, the long term outlook for the eurozone would seem ominous. The EFSF/ESM “firewall” announced last week was at the low end of market expectations, providing new funding for future crises of only E 420 billion by July 2013, and E 500 billion a year later. A medium sized Spanish crisis, involving both the sovereign and the banking sector, would comfortably absorb most of that, leaving nothing over for the many other potential calls on the eurozone’s bail-out funds. That is why the market was so focused on the Spanish budget announcements on Friday. Last year, Spain missed its target for the budget deficit by around 2.5 per cent of GDP, partly due to shortfalls in GDP growth, and partly to the reluctance of its regional governments to hit their deficit targets. The new Conservative government has not been willing to correct this fully in 2012, but has nevertheless announced a huge fiscal policy tightening of around 4 percentage points of GDP this year. After allowing for a further weakening in GDP, this is intended to reduce the fiscal deficit from 8.5 per cent of GDP last year to 5.3 per cent in 2012, but few observers expect this target to be achieved. Once again, problems with the regions (especially after the Conservatives’ lukewarm endorsement in the recent Andalusia election), and with the deepening recession, make the likely out-turn for the budget deficit at least 6-6.5 per cent of GDP. Here are the key figures: Spain isdiscovering how difficult it will be to escape from its current predicament through fiscal austerity alone. J.P. Morgan now estimates that the fiscal policy tightening will amount to 7.7 per cent of GDP from 2010-12, compared to 5.8 per cent predicted by the IMF last October. But despite this additional tightening, Spain will still probably miss the IMF’s original budget projections for this year by around 1-2 percent of GDP because of the GDP shortfall. In other words, it is chasing its own tail, and is doing so unsuccessfully. This illustrates the danger of viewing the Spanish economic crisis, and the eurozone crisis in general, solely from the point of view of public debt and deficits. As Jay Shambaugh points out in a perceptive paper presented at Brookings last week, the eurozone faces at least three inter-locking crises (insolvent banks, excessive sovereign debt, and inadequate GDP growth), which need to be treated in a holistic way. In Spain’s case, it is easy to add two further crises to this list, involving unfinanceable current account imbalances, and excessive private sector debt ratios, especially in the non financial corporate sector (see Martin Wolf here). It is very hard to see how all of these problems can be addressed by the single instrument of fiscal tightening. In fact, this will make some of the other problems worse. The most obvious of these is the growth shortfall, which is clearly not immune from the fiscal measures. Both the IMF and Goldman Sachs have recently estimated that the fiscal multiplier for a country which cannot either devalue its currency or reduce its short term interest rates as it tightens fiscal policy is in the region of 1-1.5, and Spain’s experience seems to be bearing this out. This will remain a severe problem for some time to come. By the end of this year, Spain will have reduced its primary fiscal deficit to around 3 per cent of GDP. If bond yields average 4.5 per cent in the medium term (compared to 5.3 per cent now), this primary deficit will need to be transformed into a surplus of around 1 per cent of GDP in order to stabilise the public debt ratio at about 80 per cent of GDP. That means that fiscal policy may need to be tightened by a further 4 per cent of GDP after this year, a tightening which could depress cumulative GDP growth by 6 per cent over the period in which it takes place. Note that, even then, Spain would still have a debt ratio some 20 percentage points of GDP above the 60 per cent limit now set by the eurozone. With GDP likely to remain in the doldrums, the adverse feed-back effects on unemployment (already at 23 per cent of the labour force) and house prices (already falling at 11 per cent per annum) could be very large. What would then happen to the solvency of the banking sector, which has recently been addressed, but not fully corrected, by the new government? Would it be possible, with the rise in unemployment beginning to affect prime household earners as well as young people, to force through the government’s ambitious labour market reforms, which have to be the centrepiece any successful growth strategy? I doubt it. None of this means that the government can afford to abandon its fiscal consolidation programme. If it did so, the path to a financial crisis would be a short one indeed. But it does mean that fiscal contraction within Spain is only one of a long list of measures which the eurozone needs to contemplate in order to resolve the crisis on a permanent basis. This list includes slightly higher inflation and easier fiscal policy in Germany (which will probably be needed anyway to hit existing budgetary targets); co-ordinated measures across the eurozone to reduce labour taxes in the deficit economies, while increasing them in the surplus countries; dramatic deregulation, especially in the labour market and the service sector; much lower marginal tax rates; easier monetary policy by the ECB, along with a weaker euro, assuming that overall inflation is within target; and further steps towards fiscal union and eurobonds. If that list of reforms is deemed impossible by Germany, then Spain will remain mired in its austerity trap. And so will the eurozone as a whole.