Antoni Cañete compatibiliza la secretaría general de Pimec, la patronal de la pequeña y la mediana empresa en Cataluña, y la portavocía de la Plataforma de Multisectorial contra la Morosidad. Desde esa doble perspectiva exige al Ejecutivo que haga cumplir las reglas de juego en materia de pagos. "El que no cumpla tiene que recibir una sanción. Tenemos que ser un país del siglo XXI", subraya.
Cañete cree que apenas quedarán recursos del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para abonar facturas impagadas, ya que antes habrá que pagar vencimientos de deuda y déficit, y que el Ejecutivo debería hacer un esfuerzo para el pago de facturas anteriores a 2012 que no entraron dentro del plan de pago a proveedores, como universidades o hospitales.
El portavoz empresarial denuncia el hecho de que grandes compañías de la construcción o de la distribución estén tratando de pactar plazos diferentes a los marcados por la ley aprovechando su posición de dominio y la falta de liquidez. "Eso está prohibido en la nueva ley. No hay liquidez y de eso se quieren aprovechar. Eso es terrorismo empresarial", recalca.
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