El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha prometido que saldará todas las deudas de los proveedores con las administración públicas. Pero detrás de este anuncio esperanzador hay mucha letra pequeña. Para lograr que los proveedores cobren, Montoro, en colaboración con el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha impulsado una macrooperación financiera con los grandes bancos para acabar con la morosidad de las administraciones públicas.
Sin embargo, lanzar una medida de este calibre genera grandes dificultades en las cuentas de las administraciones públicas y muchas dudas a los acreedores. La Federación de Municipios y Provincias (Femp) ya ha elaborado una guía con preguntas y respuestas prácticas para aclarar a los alcaldes todos los detalles del plan de proveedores a sus asociados. Las patronales empresariales también están alertando de los diversos problemas que se encontrarán las pymes que sufren el lastre de la morosidad.
- ¿Cómo se inicia el procedimiento para cobrar las facturas en el cajón de los municipios y de las regiones?
Los alcaldes presentaron al Gobierno antes del 15 de marzo una lista con los proveedores a los que deben dinero. Las comunidades aún tienen tiempo para hacerlo hasta el próximo 15 de abril. A partir de que el Gobierno disponga de estos datos, los propios acreedores tendrán el derecho a reclamar a los ayuntamientos cuánto dinero les deben. Podrán consultar si sus facturas se han incluido en el plan de pago a los proveedores y, si estas no se han incorporado, podrán pedir una reclamación. Contarán con un plazo de un mes.
- ¿Cómo tiene que reclamar un proveedor si un ayuntamiento o una comunidad no le ha incluido en la lista de proveedores?
Aunque el Gobierno les haya incluido en la lista, es importante saber que el proveedor tiene que manifestar su voluntad de cobrar, indicando cuál es el número de cuenta corriente en el que quiere que se pague la deuda. Los acreedores que no consten en lista oficial podrán solicitar a la entidad local deudora la emisión de un certificado individual, que le ayudará a cobrar las deudas en las entidades financieras más importantes del país.
Los consistorios tendrán que expedir el certificado individual en un plazo de 15 días. Si no, los proveedores se acogerán al silencio positivo. Es decir, si pasado este plazo los acreedores no tienen respuesta, se entenderá reconocido el derecho de cobro de manera automática.
- ¿Por qué los alcaldes sólo han reconocido 9.500 millones de facturas pendientes, cuando la propia Federación de Municipios y el Gobierno calculaban que había 17.000 millones pendientes?
Los alcaldes se están acogiendo a la letra pequeña del plan para no reconocer todas las facturas. ¿La razón? Las administraciones que se acojan a la macrooperación tienen la obligación de presentar un plan de reequilibrio muy drástico que deje claro que pagar
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