La auditoría y fiscalización de las cuentas de los ayuntamientos se ha convertido en una carrera de obstáculos para el Tribunal de Cuentas y los organismos supervisores de las comunidades autónomas.
De acuerdo con la Ley de Haciendas Locales, los consistorios, al igual que el resto de gestores de fondos públicos,tienen la obligación de rendir sus cuentas para que sean supervisadas.
El problema es que, como cada año, el plazo para presentar las del ejercicio anterior venció el 15 de octubre y un 61 por ciento de los municipios no cumplió con la ley.
Es cierto, que aunque tarde, ese porcentaje se ha reducido posteriormente, pero aun así la mitad de los ayuntamientos aún no ha presentado, a fecha actual, su balance de ingresos, gastos y patrimonio.
Teniendo en cuenta que en España existen actualmente 8.116 ayuntamientos, de acuerdo con los datos del Tribunal de Cuentas hay 5.000 municipios que no presentan sus estados financieros tal y como exige la normativa.
Y el problema no es ya que no presenten la denominada cuenta general del último ejercicio, sino que alrededor de un 20 por ciento tampoco ha rendido cuentas aún ni de 2010 ni de 2009. Y algunos incluso tienen pendientes hasta seis o siete años, con lo que sus presupuestos se quedan sin fiscalizar.
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