La crisis se ha llevado por delante miles de empleos en los ayuntamientos, que se enfrentan en los próximos meses a tiempos aún más negros al tener que cumplir con unos planes de ajuste que incluyen mayoritariamente reducciones de plantilla.
De acuerdo con un estudio que está elaborando CCOO sobre el empleo público, durante 2011 se destruyeron 44.000 puestos de trabajo en la administración local durante 2011, lo que representa un 55% del total de ocupación pública perdida. Casi el 40% de los despedidos el año pasado fueron, además, asalariados menores de 30 años.
Por el momento, no muchos municipios han explorado la vía de los ERE (Expediente de Regulación de Empleo), pero se cuentan por miles los que han prescindido de algunos de sus empleados mediante métodos tan sencillos como son la no renovación de contratos eventuales, la extinción de las plazas por jubilación o la no cobertura de bajas.
Los recortes
La prevalencia del personal eventual, interino y "laboral" ha facilitado a los consistorios prescindir de determinados puestos de trabajo antes necesarios y ahora, con la crisis, no tanto, con los que además se cubrían servicios de los que no se hacían cargo otras administraciones, principalmente las autonomías, a las que les competía.
El municipio valenciano de Paterna ha extinguido 200 de sus 900 puestos de trabajo, medida que supone a las arcas públicas un ahorro de 6 millones de euros pero también la renuncia a prestar servicios como la atención domiciliaria o la escuela de adultos.
Con la medida, se redujeron en cien los empleados de una empresa pública que presta servicios que van desde el mantenimiento de parques y jardines o alumbrado hasta la atención al ciudadano y las escuelas infantiles, ha explicado a Efe su concejal de Hacienda, Manuel Palma.
"No teníamos más remedio. Prestábamos servicios por los que no nos pagaban, y con la caída de ingresos no podíamos mantener los mismos gastos", se justifica.
Algún ERE
Aunque hay Ayuntamientos saneados -pocos-, por toda la geografía española pueden escucharse voces como la del edil de Paterna o la del primer teniente de alcalde de Jerez (Cádiz), Antonio Saldaña, cuyo municipio ha contemplado en el plan de ajuste un ERE para 390 trabajadores, de los que 90 son empleados de empresas públicas.
Saldaña explica que la deuda de 1.000 millones de euros ha llevado a replantearse la idoneidad de mantener servicios "duplicados", como un consultorio donde se realizan citologías o una imprenta municipal que se mantendrá, pero con bastantes menos de los 46 empleados que tiene ahora. "Aquí prácticamente todos son indefinidos o fijos, no teníamos apenas temporales de los que prescindir a medida que terminaban sus contratos, y teníamos que reducir mucho los gastos de personal si queríamos un Ayuntamiento viable", dice.
¿Y es compatible recortar personal con mantener servicios básicos? Pese a que los Ayuntamientos sostienen que lo prioritario sí, los sindicatos dicen estar "muy preocupados" por la merma en la calidad de vida de los ciudadanos.
El secretario general del Sector Estatal de la Administración Local de Comisiones Obreras, Joan Gasull, alerta de que esos empleos perdidos "no pasan inadvertidos y suponen un deterioro enorme de los servicios públicos".
Las primeras víctimas
Gasull coincide con los alcaldes en que los primeros servicios en caer o reducirse por la crisis municipal han sido el mantenimiento, las escuelas municipales infantiles -y también de música, deportes o para adultos-, así como las áreas de administración y urbanismo, esta última antes "muy dotada" y ahora sin apenas trabajo.
"Hay un goteo constante de despidos individuales, no se renuevan por supuesto contratos ni se convocan plazas desde 2010", dice Gasull a Efe, quien lamenta que la "primera medida" para acogerse al plan de pago a proveedores impulsado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas -que ve necesario- sea la reducción de empleo.
"He visto pocos planes de ajuste que incluyan la eliminación de cargos de confianza, cuando, por lo general, cobran sueldos muy elevados", indica.
Por el momento, no hay datos actualizados de las perspectivas de supresión de empleo en municipios, y la última cifra oficial quedó recogida en el Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, según el cual en julio de 2011 trabajaban en diputaciones y ayuntamientos 11.278 personas menos que el año anterior.
Fue la primera vez en los últimos 10 años que se reducían las plantillas de administraciones locales, que se quedaron en 646.627 trabajadores. "La primera vez, pero no la última", advierten fuentes sindicales, quienes creen que 2012 será un año aún más duro.
Y lo será en parte por la puerta que se le abre a los consistorios para presentar un ERE, como el de León. Pactado con los sindicatos, afectará a 200 trabajadores y provocará el cierre de dos guarderías públicas, un albergue, el laboratorio y el matadero municipal, explica a Efe el secretario de Administración Local de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Benedicto Díez.
También la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) admite la tendencia de destrucción de empleo, pero, por el momento, prefiere no pronunciarse sobre una situación de la que no dispone de datos exactos.
PUBLICIDAD
No hay comentarios:
Publicar un comentario