Rehabilitan 11 baños públicos

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La Alcaldía comenzó a refaccionar 11 mingitorios, ubicados en diferentes zonas de la ciudad.

La directora de Desarrollo Económico del municipio, Coraly Cusilayme, informó que a la fecha se intervinieron tres mingitorios, “el de La Pampa, el de la calle Lanza y el que se encuentra en La Costanera , cerca del puente Quillacollo”.

La inversión total para realizar este trabajo es de 700.000 bolivianos que se invertirán en el mantenimiento eléctrico, sanitario e hidráulico. Pero, en muchos casos se está procediendo a la demolición de los mismos.

“La actual gestión tiene como objetivo dotar a la población de mingitorios restablecidos, para que puedan acudir a los mismos con las condiciones de higiene y salubridad”,  manifestó Cusilayme.

Los mingitorios que  están siendo refaccionados y en muchos casos reconstruidos se encuentran ubicados en la zona de La Pampa, 25 de Mayo y Punata, Lanza y Uruguay, Coronilla, 27 de Mayo, 14 de Enero, Ingavi, Pasaje Aldunate, Villa México, Huayra K’asa y Cala Cala.  

BAÑOS PUBLICOS

http://eldiario.com.uy/2013/03/06/la-ciudad-no-tiene-banos-publicos/

El senador del FA Luis Rosadilla dijo que comparte el proyecto sobre ley de Faltas pero pidió cierto “realismo” y se refirió a quienes hacen sus necesidades en la calle ante la falta de servicios y “opciones”.

El proyecto de ley que elimina ciertas faltas y crea nuevas fue discutido la pasada semana durante la sesión de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, en que autoridades del Ministerio del Interior fundamentaron la necesidad de que el Parlamento la apruebe.

Entre las faltas, defecar u orinar en la vía pública. Al respecto se refirió el senador del Frente Amplio, Luis Rosadilla, quien reconoció que comparte la iniciativa pero pidió a la vez “cierto nivel de realismo que no se puede negar”.

“Hay gente que hace sus necesidades en espacios públicos por despreocupación o falta de respeto al resto de las personas, pero también es cierto que estamos en una ciudad muy deprimida desde el punto de vista de los servicios y a veces no hay dónde ir. Sabido es que muchos bares niegan el ingreso a quienes no sean clientes y la ciudad no tiene baños públicos”, señaló el senador, según recogió El Observador.

“En lo personal me ha sucedido… Si uno está en la calle y no dispone de espacios donde hacer sus necesidades, casi no tiene opciones”, señaló y sugirió que antes de aplicar las sanciones “deberíamos saber muy bien qué opciones le estamos ofreciendo a la ciudadanía. No es algo tremendamente importante pero tenía que decirlo”.

Algunas de las faltas que se conservarán en el proyecto de ley son la “provocación o participación en desórdenes en espectáculos públicos“, “falta de respeto a la autoridad“, “desobediencia pasiva” o la “omisión de asistencia a la autoridad“.

Se reformula, además, la falta por “venta o comercialización no autorizada de entradas para espectáculos públicos”.

La iniciativa declara de interés general la preservación de los espacios públicos y reformula la “mendicidad abusiva” y se crea la “mendicidad con acoso y coacción”, además de mantenerse las faltas por “abuso de alcohol y estupefacientes” y “juegos de azar”.

Otras faltas que se crean son “vandalismo”, “arrojar basuras o desperdicios en zonas no autorizadas“, “participación en picadas”, “conducción de vehículos motorizados sin la licencia correspondiente”, “conducción de vehículos motorizados en grave estado de embriaguez”.

También tipifica como falta el “vandalismo”, “realizar las necesidades en los espacios públicos”, o la “ocupación indebida de espacios públicos”.

El 61% de los Ayuntamientos no rinde cuentas en plazos para su fiscalización

La auditoría y fiscalización de las cuentas de los ayuntamientos se ha convertido en una carrera de obstáculos para el Tribunal de Cuentas y los organismos supervisores de las comunidades autónomas.

 

De acuerdo con la Ley de Haciendas Locales, los consistorios, al igual que el resto de gestores de fondos públicos,tienen la obligación de rendir sus cuentas para que sean supervisadas.

El problema es que, como cada año, el plazo para presentar las del ejercicio anterior venció el 15 de octubre y un 61 por ciento de los municipios no cumplió con la ley.

Es cierto, que aunque tarde, ese porcentaje se ha reducido posteriormente, pero aun así la mitad de los ayuntamientos aún no ha presentado, a fecha actual, su balance de ingresos, gastos y patrimonio.

Teniendo en cuenta que en España existen actualmente 8.116 ayuntamientos, de acuerdo con los datos del Tribunal de Cuentas hay 5.000 municipios que no presentan sus estados financieros tal y como exige la normativa.

Y el problema no es ya que no presenten la denominada cuenta general del último ejercicio, sino que alrededor de un 20 por ciento tampoco ha rendido cuentas aún ni de 2010 ni de 2009. Y algunos incluso tienen pendientes hasta seis o siete años, con lo que sus presupuestos se quedan sin fiscalizar.

Secretario General de Pimec en relación a los impagos: "Eso es terrorismo empresarial"

Antoni Cañete compatibiliza la secretaría general de Pimec, la patronal de la pequeña y la mediana empresa en Cataluña, y la portavocía de la Plataforma de Multisectorial contra la Morosidad. Desde esa doble perspectiva exige al Ejecutivo que haga cumplir las reglas de juego en materia de pagos. "El que no cumpla tiene que recibir una sanción. Tenemos que ser un país del siglo XXI", subraya.

Cañete cree que apenas quedarán recursos del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para abonar facturas impagadas, ya que antes habrá que pagar vencimientos de deuda y déficit, y que el Ejecutivo debería hacer un esfuerzo para el pago de facturas anteriores a 2012 que no entraron dentro del plan de pago a proveedores, como universidades o hospitales.

El portavoz empresarial denuncia el hecho de que grandes compañías de la construcción o de la distribución estén tratando de pactar plazos diferentes a los marcados por la ley aprovechando su posición de dominio y la falta de liquidez. "Eso está prohibido en la nueva ley. No hay liquidez y de eso se quieren aprovechar. Eso es terrorismo empresarial", recalca.

Las administraciones acumulan otros 10.000 millones en facturas impagadas

El plan de pago a proveedores sirvió para poner el contador a cero en los impagos acumulados por ayuntamientos y comunidades autónomas con los proveedores a 31 de diciembre de 2011. En total, se saldaron deudas por valor de 27.000 millones de euros, de los que 17.718 correspondían a las regiones y 9.263 a los ayuntamientos.

Esa inyección de liquidez sirvió para salvar muchas compañías y muchos empleos, aunque no logró acabar con la cultura del impago en las administraciones públicas. Entre enero y septiembre, las facturas sin cobrar han crecido de forma exponencial, volviendo a poner en la mesa de Hacienda el problema de la morosidad. En ese período, el importe ya ha superado los 10.000 millones de euros y amenaza con seguir creciendo si el Ejecutivo no pone coto.

La mitad de esa cifra corresponde a las deudas arrastradas por los autónomos que suman 5.000 millones en el primer semestre, según avanzó el presidente de ATA, Lorenzo Amor, durante la presentación del último barómetro mensual que realiza esta asociación de autónomos. Cataluña, con 809 millones, y Andalucía, con 692 millones, encabezan la clasificación de las autonomías más morosas.

A esa cantidad hay que añadirle las deudas acumuladas por las patronales sanitarias (Fenin y Farmaindustria) en los nueve primeros meses del año, que se elevaron a 5.000 millones. Fenin, que agrupa a los fabricantes de tecnología sanitaria, acumulaba impagos por valor de 2.750 millones, mientras que Farmaindustria, representante de los laboratorios farmacéuticos, había registrado 2.300 millones en el mismo período.

En este escenario, las patronales han acelerado las negociaciones para tratar de solventar este problema, aprovechando además que comienza la tramitación de las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado en 2013. La primera vía es la de recuperar los 8.000 millones que no se consumieron del crédito sindicado con el que se financió el plan de pago a proveedores. En un principio, Hacienda no quiere desarrollar esta vía, entre otras razones, porque la principal prioridad es que se cumpla el objetivo de déficit para este año y el que viene. Un nuevo crédito, que se sumara a los que ya han asumido las autonomías con el Plan de Pago a Proveedores y los que van a asumir con el FLA, sería una losa, en su opinión, demasiado elevada. Elvira Sanz, nueva presidenta de Farmaindustria, apostó en su primera rueda de prensa por una solución "estructural" y no coyuntural. Esta, por lo tanto, solo puede pasar por hacer cumplir los plazos de pago establecidos en la ley de Morosidad para las Administraciones Públicas: 40 días en 2012 y 30 días en 2013. Unas cifras muy alejadas de la realidad: la mitad de los autónomos tarda más de 180 días en cobrar sus facturas de las Administraciones y Fenin registra una demora media de 242 días este año.

Y para no sobrepasar los plazos legales, las patronales quieren que el Ejecutivo ponga en marcha lo antes posible un régimen sancionador que establezca multas para aquellas Administraciones que paguen con retraso y que traten de pactar plazos superiores a los legales. La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, el lobby que agrupa a más de un millón de empresas y que fue la impulsora de la nueva ley aprobada en 2010, ya ha mantenido varias reuniones con Hacienda y le han vuelto a presentar la propuesta de régimen sancionador que elaboraron para incluirla en los Presupuestos del pasado ejercicio. En el documento se establecen tres tipos de sanciones (leves, graves y muy graves) y multas que oscilan entre los 6.000 y los 30.000 euros para las infracciones leves, entre 30.001 y 300.000 para las graves y entre 300.001 y 900.000 en el caso de las muy graves. El plazo de prescripción de los delitos variaría entre uno y cuatro años.

Original complaint. Public toilets needed in Australia

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